La Otra Voz Digital Directora Marta César
“Las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal. Se siguió criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas. Los derechos de las personas migrantes sufrieron retrocesos importantes”. Así resume Amnistía Internacional la situación de los derechos humanos en la Argentina, en su informe global anual.
El organismo internacional remarca, en su Informe 2017/2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, retrocesos en distintas áreas para la Argentina.
El primer apartado del informe hace hincapié en los obstáculos que siguen afrontando mujeres y niñas para acceder a un aborto legal cuando el embarazo pone en peligro su salud o cuando era consecuencia de una violación, es decir los abortos no punibles. Además, resalta que la legislación para la despenalización plena de la interrupción voluntaria del embarazo está “pendiente de aprobación” en el Congreso de la Nación.
En relación a la violencia de género, Amnistía cuestiona que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2017-2019 “parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
Otro de los puntos sobre los que el informe llama la atención es la situación de los pueblos indígenas que “aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales”. Además, menciona que las autoridades “emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio”. También incluye la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado y el accionar en general de la Gendarmería en la Patagonia como elementos de preocupación.
Por otro lado, también se menciona la situación de las personas refugiadas y migrantes, cuestionando la modificación de la ley de Migraciones por decreto para “limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”. También que “once años después de su aprobación, la Ley de Asilo aún no se había reglamentado plenamente, y la Comisión Nacional para los Refugiados no contaba con un presupuesto específico”. Sumado a eso, que el compromiso de recibir 3 mil refugiados sirios.
Respecto al tema “impunidad”, aunque el informe destaca que los juicios a genocidas siguen realizándose, marca como negativo el fallo de la corte en el caso de Luis Muiña (2×1) aunque reivindica la ley aprobada en el Congreso que prohibió el beneficio para los condenados por delitos de lesa humanidad .
Al mismo tiempo, sobre el caso AMIA, critica el decreto de abril de 2017 que transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, “lo cual ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas”.
Además, Aministía subraya los límites a la libertad de expresión y de reunión, repasando varios hechos represivos hacia manifestaciones y la prensa, sumado a detenciones “arbitrarias” e “indiscriminadas” en distintos episodios.
Por último, la organización cuestionó que “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista Milagro Sala”. Y recordó que en agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que Argentina brindara a Milagro Sala la posibilidad de cumplir arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión. “Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales”, indican.
