A once años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, cómo Multisectorial de Mujeres de Salta, CLADEM -Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y Abogadas con Perspectiva de Género volvemos a encontrarnos en las calles, para decir una vez más, que nuestras vidas importan y que no aceptaremos retroceder en los derechos conquistados.

El fin de semana pasado, mientras el país seguía con angustia la búsqueda de Agostina en Córdoba, se conocieron nuevos hechos de violencia extrema contra mujeres, niñas y adolescentes. En Misiones fue hallada asesinada Dulce; en Santiago del Estero una niña fue víctima de abuso sexual; en Temperley, Noelia fue asesinada. Lo sabemos porque algunos casos alcanzan difusión pública. Pero también sabemos que existen cientos de historias que no llegan a los medios, que permanecen ocultas tras el miedo, la impunidad, el silencio institucional o la falta de respuestas estatales.
Sabemos que la violencia machista no es una excepción: es una realidad cotidiana que atraviesa todos los territorios, clases sociales y edades. Sabemos que detrás de cada femicidio existen múltiples violencias previas, alertas desoídas, denuncias ignoradas y responsabilidades estatales incumplidas, que venimos exigiendo y reclamando desde décadas en Salta.
Los datos son contundentes. Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, durante el último año se registraron 262 víctimas fatales de violencia de género, lo que representa una víctima cada 33 horas. Además, cientos de niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Y Salta no es la excepción. Muy por el contrario, registra los índices más altos.
Lejos de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género, asistimos a un proceso sistemático de desmantelamiento institucional. Organismos especializados advierten sobre la eliminación de programas, el vaciamiento de áreas específicas, la reducción de recursos y la paralización de dispositivos de acompañamiento y asistencia.
El propio Observatorio de La Casa del Encuentro denunció que las políticas públicas de género y diversidad enfrentan recortes drásticos, mientras se profundizan las desigualdades económicas y sociales que afectan especialmente a mujeres y diversidades.
Nos preocupa profundamente que desde las más altas esferas del poder se intente negar la existencia de la violencia de género, relativizar los femicidios o presentar estas problemáticas como meras construcciones ideológicas. La violencia machista no es una opinión. No es una consigna partidaria. No es una discusión teórica. Son vidas arrebatadas, proyectos truncados, infancias huérfanas y comunidades enteras atravesadas por el dolor.
Los derechos conquistados por décadas de lucha no son privilegios. Son herramientas indispensables para garantizar la igualdad real y el acceso a una vida libre de violencias. La educación sexual integral, las políticas de prevención, los dispositivos de asistencia, los programas de protección, los equipos interdisciplinarios, las capacitaciones obligatorias en género y los sistemas de patrocinio y acompañamiento constituyen obligaciones asumidas por el Estado argentino en cumplimiento de la Constitución Nacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485.
Por ello, este 3 de junio exigimos:
* Presupuesto suficiente para políticas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.
* Fortalecimiento de los dispositivos de atención, protección y acompañamiento.
* Acceso efectivo a la justicia con perspectiva de género y derechos humanos.
* Implementación plena de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.
* Protección integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
* Producción y difusión de estadísticas públicas confiables y transparentes.
* Cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Frente al negacionismo, la indiferencia y el ajuste, reafirmamos la necesidad de construir una sociedad basada en la igualdad, la justicia social y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Porque cada femicidio es una tragedia social y política.
Porque el silencio nunca protegió a nadie.
Porque las vidas de mujeres, niñas y diversidades importan.
Porque vivas, libres y sin miedo nos queremos.
NI UNA MENOS.
Vivas nos queremos.
El Estado es responsable.
La Otra Voz Digital Directora Marta César