La Otra Voz Digital Directora Marta César
El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su profunda preocupación por los retrocesos registrados desde finales de 2023 en materia de derechos de las mujeres y diversidades en Argentina .
El organismo alertó sobre el cierre y la degradación de instituciones clave, la retracción de políticas públicas y la reducción drástica del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sostener la Educación Sexual Integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
Además, no esperó al próximo informe periódico: en sus observaciones finales pidió a la Argentina que, en un plazo de dos años, entregue información por escrito sobre cómo implementó recomendaciones prioritarias, incluidas las vinculadas al acceso al aborto legal y seguro, ESI y políticas de prevención de violencia de género y acceso a la justicia.
Violencia de género: debilitamiento de mecanismos de protección
El Comité expresó profunda preocupación por la reducción presupuestaria y operativa de mecanismos clave como el Programa Acompañar —que acortó el plazo de asistencia y exige denuncia previa— y la línea 144, afectada en financiamiento, personal y accesibilidad, incluyendo servicios para mujeres con discapacidad. También alertó sobre la reducción de los Centros de Acceso a la Justicia y la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que generó fragmentación institucional. Instó al Estado a restituir financiamiento adecuado, eliminar requisitos restrictivos y garantizar servicios accesibles e inclusivos.
Educación Sexual Integral y embarazo adolescente
El organismo advirtió un debilitamiento sustancial de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, con recortes presupuestarios, escasa formación docente y el desmantelamiento de los mecanismos nacionales de coordinación. También alertó sobre la suspensión y el fuerte recorte del Plan ENIA, pese a sus resultados positivos. Recordó el principio de no regresividad y exhortó a garantizar la continuidad y fortalecimiento de estas políticas y el acceso sostenido de adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva.
Acceso al aborto: obstáculos estructurales
Aunque reconoció el impacto positivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Comité manifestó preocupación por las barreras persistentes, como falta de insumos, personal capacitado, equipamiento y uso abusivo de la objeción de conciencia, además del aumento de la mortalidad materna, en especial vinculada a causas obstétricas directa. Instó a asegurar la disponibilidad y accesibilidad real de los servicios, garantizar la provisión de misoprostol y mifepristona y restablecer mecanismos transparentes de monitoreo federal.
Paridad y participación política
Si bien reconoció los avances logrados con la Ley de Paridad en el Congreso, el Comité manifestó preocupación por la baja representación de mujeres en altos cargos del Ejecutivo, la Corte Suprema y el servicio diplomático, así como por desigualdades en la paridad a nivel provincial y municipal. Recomendó adoptar medidas especiales temporales, fijar metas con plazos definidos y asegurar procesos transparentes y rendición de cuentas.
Empleo
El Comité expresó preocupación por el impacto regresivo de recientes reformas laborales adoptadas sin evaluaciones de impacto de género, advirtiendo que la ampliación de períodos de prueba, la flexibilización laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva pueden afectar desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a quienes asumen tareas de cuidado.
Violencia digital y atraques contra mujeres periodistas
El Comité alertó sobre el aumento de la violencia digital contra mujeres, incluyendo acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas, y señaló deficiencias en la implementación de la Ley Olimpia y ausencia de protocolos de investigación. También destacó el impacto diferenciado contra mujeres políticas y periodistas. Recomendó fortalecer la aplicación de la ley, establecer protocolos de respuesta rápida, capacitar operadores judiciales y la coordinación con las plataformas digitales para la rápida eliminación de contenido.
