La Otra Voz Digital Directora Marta César
Cada año más de 40.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres en la Argentina. De ellas, una cifra superior a mil no alcanza siquiera los 15 años de edad, es decir que cada día 3 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, la mayoría producto de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido no atender esta urgencia que condiciona la calidad de vida de las infancias y desfinanciar las políticas de salud sexual y reproductiva.
¿No hay plata?
El Plan de Prevención del Embarazo no intencional en la Adolescencia (ENIA) tenía un costo de 17,5 millones de dólares. Sin embargo, según un estudio de UNFPA, los efectos indeseados del embarazo adolescente y la maternidad temprana sobre la actividad productiva de las mujeres es de USD 568 millones. Esto significa que si el Estado invirtiera en prevenir los embarazos adolescentes los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PIB. Por ello, el fortalecimiento del plan ENIA es necesario para romper con el circulo intergeneracional de la pobreza.
En la guía producida por Amnistía internacional se publican cifras que derriban mitos sobre gastos del erario. Por ejemplo, USD 288 millones es la pérdida de ingresos para las mujeres y el consecuente costo que tiene para el Estado argentino el abandono educativo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana. Además, el Estado destina USD 200 millones en atender el embarazo, parto, postparto y los recién nacidos de madres adolescentes.
Esos son algunos ejemplos del alto impacto económico que conlleva abandonar el Plan ENIA, iniciativa que ha demostrado ser un modelo para la región por sus resultados positivos. En 2017 las altas cifras de embarazo en niñas y adolescentes menores de 20 años duplicaban el escenario actual. Entre 2018 y 2021, el Plan contribuyó a la reducción de la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años en un 49%.
Argentina rindió examen ante el Comité de los Derechos del Niño
El 2 y 3 de septiembre, el Estado argentino rindió examen ante el Comité de los Derechos del Niño, en el marco de la presentación del 7mo informe periódico. El Estado fue interpelado por la caída del presupuesto asignado al plan ENIA en más del 50% y por el impacto del desfinanciamiento en las provincias.
Amnistía Internacional había alertado previamente al Comité su preocupación sobre la retracción en las políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes.
El Plan ENIA
El Plan ENIA es una política pública integral y transversal, vigente a lo largo de dos gobiernos de distinto signo político. Significó la articulación entre Nación, provincias y entre diversas áreas del Estado. La iniciativa se construyó sobre evidencia científica, con enfoque de derechos e incluye diversas estrategias territoriales. Preocupa a Amnistía Internacional el impacto que el rediseño del programa y los recortes presupuestarios puedan tener en la continuidad de esta política pública, que ha demostrado ser efectiva y eficaz para prevenir y reducir el embarazo no intencional en la adolescencia.
