La Otra Voz Digital Directora Marta César
Deficiencia en las investigaciones judiciales, encubrimiento, investigación exclusiva de la versión oficial y amenazas son tan solo algunas de las prácticas extendidas que se observan en los casos de violencia policial y conllevan a la impunidad. Todo ello, implica una clara vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias. Así lo señaló hoy Amnistía Internacional en la presentación de su informe “Violencia policial: ¿qué pasa después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial”.
En el informe, Amnistía Internacional da cuenta de las diversas dificultades que enfrentan las investigaciones ante hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, a lo largo y ancho del país. El reporte presenta casos de investigaciones deficientes en, por ejemplo, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco como así también en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Allí, las víctimas, sus familias, abogados y expertos cuentan en primera persona los obstáculos que atraviesan para lograr justicia.
“Argentina ha demostrado una profunda incapacidad para investigar eficazmente la actuación ilegítima de las fuerzas de seguridad. Los procesos de rendición de cuentas de la actuación policial no muestran un compromiso serio con la justicia y reparación de las víctimas. El involucramiento de todos los niveles del Estado y de todas las provincias es fundamental para avanzar en prácticas respetuosas de los derechos humanos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los problemas para la investigación y sanción de los responsables
En su informe, Amnistía Internacional detecta una serie de problemas en las investigaciones de este tipo de casos:
1. Falencias en la investigación de todas las posibles hipótesis. Se observa con frecuencia un obtuso ceñimiento a una sola hipótesis, es decir la oficial.
2. Inexistencia de una política integral de búsqueda de personas desaparecidas y falta de instrumentos y tecnología adecuada. Un ejemplo de esto es el caso de Facundo Astudillo Castro.
3. Incumplimiento de estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Las falencias en las autopsias son un tema recurrente. Los casos de Mauro Coronel, en Santiago del Estero, Diana Abregú, en Buenos Aires y de Leonardo Bravo, en Chaco, tienen coincidencias en las fallas al momento de realizar las primeras autopsias. Todas presentan irregularidades, solo una versión y falta de datos para las familias.
4. Investigación integral que incluya todas las conductas delictivas. Deben perseguirse todas las conductas delictivas presentes en el caso. En muchos casos se observa la investigación de las principales conductas delictivas, tales como el homicidio o la desaparición forzada, pero se dejan de lado prácticas recurrentes que caracterizan al fenómeno estructural. Su plena naturalización por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades a cargo de la investigación permite la repitencia de hechos de gravedad.
5. Ausencia de calificación adecuada de los delitos que muchas veces son sub-calificados, con penas inferiores. Casos donde se ha infringido grave sufrimiento a las víctimas, como el caso de detención de cuatro jóvenes qom en Chaco, son etiquetadas como vejaciones, en lugar de ser calificadas como torturas.
6. Problemas en la determinación de responsabilidad de mandos de control policial. Por ejemplo, en el caso de Blas Correas, asesinado por la policía cordobesa, hubo tanto encubrimiento como complicidad policial.
7. Falta de acceso a la justicia y participación de las víctimas. Procesos sumamente burocráticos, falta de información y ausencia de mecanismos que garanticen la participación influyen para que las familias no logren acceder a su legítimo derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral. Además, en muchos casos denuncian hostigamiento y persecución hacia ellos, sus abogados o testigos.
Finalmente, Argentina no cuenta con un registro unificado y abierto de todos los casos de violencia que involucran a las distintas fuerzas en todo el país. La información pública sobre la violencia policial, las muertes y los asesinatos es sumamente insuficiente.
La ex Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y actual secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard se ha referido a la violencia policial como una “epidemia” indicando que “mata preferentemente a las personas pobres, jóvenes y vulnerables”. “Hablo de este fenómeno como epidemia porque no somos capaces de detenerlo y pareciera cruzar fronteras”, señaló.
