La Otra Voz Digital Directora Marta César
Al comenzar la pandemia, el sur provincial conoció a través de los medios de comunicación la triste historia de Ana , una mujer oriunda de Paraguay que llegó junto a sus pequeñxs de 11, 7, 5 y 2 años, huyendo de su captor (que la obligaba a prostituirse y la mantenía bajo los efectos de sustancias para controlarla) temiendo ser asesinada.
Luego que un diario de tirada provincial hiciera público su caso, el municipio termal decidió asistirla desde Acción Social, con alimentos y asesoramiento. Consideraron que lo mejor para el grupo familiar, víctima de una extrema violencia, era apartar a lxs pequeñxs de su madre. En esa ocasión, el secretario de Acción Social, José Calderón, brindó una entrevista para un medio, en la que afirmó: «en el refugio hay camas, baños y todas las comodidades para ella y sus hijos, y negarse a ir, de alguna manera esto es vulnerar los derechos de los niños», sin tener en cuenta que la mujer no quería ir al dispositivo porque necesitaba conseguir un trabajo, ya que la ayuda de ese organismo (como sucede en toda la provincia) es un simple paliativo que no genera una fuente de ingresos genuinas para una mujer en situación de calle con menores de edad para alimentar.
Lxs profesionales del municipio rosarino, no registraron que Ana no sabe leer ni escribir, que fue víctima de un sinfín de violencias y aun así, solo optaron por judicializar a sus pequeñxs, vulnerando los derechos de lxs menores. Ante esta situación y habiendo transcurrido un año de esa inhumana decisión, Ana, se comunicó desesperada con La Otra Voz Digital pidiendo ayuda: “ya no sé qué más hacer para que la Argentina me devuelva a mis hijos, yo no sé porque me los quitaron, me criminalizaron por ser pobre, por no saber leer y por no entender mucho”, cuenta consternada. “solo pido que alguien me ayude, hice todo lo que ellos me dijeron para poder estar con mis hijos pero me mintieron, ahora aún con una orden judicial, me prohíben ver a mis hijos”.
Además, cuenta que actualmente está viviendo de la caridad de un vecino de Rosario de la Frontera y vendiendo escabeches para poder subsistir, en los documentos que exhibe, la Jueza Frida Bosernitzan dicta la orden explicita que la mujer tiene que re vincularse con lxs niñxs y que la Secretaria de la Mujer de Rosario de la Frontera debe hacerse cargo de un alquiler para ella y sus pequeñxs, pero desde el organismo ignoran la orden judicial, reteniendo hasta la tarjeta de la AUH, empujando así a la madre a vivir en la calle y alargando los tiempos judiciales para que exista contacto con los menores.
“Si no me dan una respuesta me voy a encadenar en la puerta de tribunales”, asegura Ana, cansada del destrato por parte de lxs profesionales que trataron su caso. “Pasó un año, en marzo me dijeron que iba a volver a estar con mis hijos, pero no fue así, cuando fui a Metán, la Asesora de Menores Karina Singh me dijo ‘que yo no me porté bien y que por eso mis hijos iban a ir a adopción’, si sucede eso, me muero, necesito estar con mis hijos y volverme a mi país por favor”, culmina la mujer.
La historia
En marzo del año pasado, José Calderón, daba notas a medios de la provincia contando que la víctima fue asistida por la Secretaría de Acción Social. La mujer había llegado desde Buenos Aires, escapando de su captor. Vecinos humildes del barrio conocido como El Bajo, le hicieron lugar en su casa, “tras haber sido amenazada porque no accedió prostituirse”, indica Ana.
Desde la Secretaría de Acción Social, aseguraron: «Nos hicimos presentes junto a nuestro equipo interdisciplinario. Una vez allí logramos contactar con la mamá, pudimos recabar más información sobre la situación que estaba atravesando», detalló Calderón.
“Me sacaron los chicos engañada”
En contraposición a lo que dice Calderón, Ana cuenta que efectivamente fue asistida, “con el engaño que pronto iba a volver a estar con sus hijos”, que llevaron a la ciudad de Metán sin contextualizar el riesgo de vida en que estaban la mujer y sus hijxs: “llegó la policía me llevaron al hospital junto a mis hijos, diciéndome que solo iban a hacerle revisación médica, de ahí me volvieron a llevar a la comisaria y ahí es que me dicen que mis hijos se tenían que ir a un hogar, me mostraron una hoja y los subieron a la camioneta, y mis niños largaron en llanto desesperado, desde ahí volví a verlos solamente luego de seis meses, me sacaron a mis hijos engañada ¿quién se va a hacer cargo?”, indico.
Pasaron los meses, y la madre cuenta que ante la desesperación decidió entrar al refugio aún contra su voluntad, porque ese dispositivo la limitaba a conseguir trabajo y vivienda, pero creyendo en la palabra de la abogada Carla Cervera que le decía que “si hacia las cosas bien, iba a volver a ver a sus hijos”, ingresó.
“Cuando estuve en el refugio, siempre me discriminó la abogada Cervera, me decía que era una alcohólica y una drogadicta, la psicóloga entraba y me gritaba, era una situación insostenible, después decían que yo era la conflictiva, se aprovechaban de que no tenía un celular para registrar los maltratos de su parte”, cuenta la mujer.
Y continuó: “estando dentro de ese dispositivo llegó la señora Fabiana García dueña de una finca y me ofreció trabajar cuidando a su suegra”.
Transcurrieron los meses y Ana juntó dinero para poder rehacer su vida junto a sus hijos, es así que viajó a Metan, pero desde la Asesoría decidieron no restituir a los menores aún con la orden judicial.
Hoy, Ana está sin trabajo, sin asistencia del Estado, bajo la presión y el peligro que le quiten la patria potestad de sus hijxs. La mujer desesperada no sabe a quién acudir para que esta situación se revierta.
