La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Diputada Provincial Lucía Portos, pidió que en la sesión legislativa programada para el jueves 16 de Agosto, sea tratado con urgencia el proyecto de regulación del acceso a la interrupción legal del embarazo, que tiene como objetivo garantizar el acceso legal a esta práctica y defender la salud de las mujeres de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien el proyecto fue presentado ante la Cámara de Diputados Provinciales por tercera vez en marzo del presente año, Portos pidió su tratamiento de urgencia teniendo en cuenta la triste e indignante noticia de la muerte de Elizabeth, una mujer de 34 años que falleció a causa de un aborto clandestino e inseguro en el Conurbano Bonaerense y considerando el resultado negativo al proyecto de legalización del aborto de la sesión del 8 de Agosto en la Cámara de Senadorxs de la Nación.
Sobre el Proyecto
El escrito, que lleva la autoría de Lucía Portos, establece la regulación del acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos enunciados en el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal. Exime de pena al médico y la paciente en aquellos casos en los que la mujer es víctima de violación o su salud se encuentra en riesgo, ya que a los fines del proyecto se concibe la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, conforme lo ha definido la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En cuanto a las instituciones en las que se implementaría la interrupción del embarazo, el proyecto determina que la ley “será de cumplimiento obligatorio en todos los servicios de salud de la provincia de Buenos Aires,tanto en los subsistemas público, privado y de la seguridad social”. Esto garantizaría el acceso oportuno y condiciones de equidad e igualdad.
Por otro lado, el artículo 3 obliga a emplear los métodos más avanzados de la medicina privilegiando aquellos que son menos invasivos y más seguros según las recomendaciones de la OMS. Además, la norma resguarda la ntimidad de la persona solicitante y la preservación de datos personales y familiares para garantizar la confidencialidad.
El documento contiene 26 artículos, entre los cuales se definen las prestaciones que deben brindar los centros de salud, la incorporación de ellas en obras sociales y prepagas, la cobertura de costos de exámenes, el plazo de implementación no mayor a los 5 días desde su solicitud, la creación de un equipo especializado, entre otros.
