La Otra Voz Digital Directora Marta César
La medida la adoptó el juez Santiago Inchausti, que también ordenó un embargo por 400 mil pesos. De la investigación se desprende que los trabajadores venían de Bolivia y el norte argentino y que vivían en “condiciones de vulnerabilidad”, sin aportes ni servicio de salud.
Además de ordenar un embargo por 400 mil pesos, el juez Santiago Inchausti procesó –con intervención de la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Nicolás Czizik- a un hombre de 57 años por el delito de trata con fines de explotación laboral contra cinco víctimas, entre ellas un nene de 13 años.
Al momento de la decisión, el magistrado tuvo en cuenta el presunto abuso del imputado de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, todos provenientes de Bolivia y el norte argentino.
Como se explica en Fiscales, la explotación “se consumó en un predio rural ubicado a la altura del kilómetro 13,5 de la ruta 226”. Según se desprende de la reolución, se trata de un establecimiento hortícola en el que “se verificó la puesta en práctica por parte de su responsable de una forma de organización del trabajo basada en la contratación fundamentalmente de diferentes trabajadores de extrema pobreza y vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, que cobraban principalmente su salario en función de su productividad”. Al menos, ello así en la etapa de la cosecha y armado de jaulas o cajones, como en la de la carga en el camión para su transporte y posterior comercialización, que cobraban por bulto cargado un monto determinado.
De la investigación se desprende que las víctimas –todas con bajo nivel de instrucción- llegaron a la quinta por familiares, amigos o conocidos que trabajan o han trabajado ahí con anterioridad, e incluso por haber trabajado en otras quintas en las que se les ha mencionado la investigada como “mejor fuente de trabajo”. “Las víctimas extranjeras lograban el ingreso a Argentina sin los trámites migratorios pertinentes, y en esa condición de irregulares fueron mantenidas en el predio”, explicó el magistrado.
Independientemente de los testimonios que aseguraron que los menores presentes en la quinta trabajaban ayudando a su papá y mamá, el niño de 13 años encontrado en el predio contó en su declaración que cómo fue su trabajo en la última temporada y cuánto y cómo le pagaban los domingos por la mañana.
Como si esto fuera poco, de la investigación surge que “ni las personas encargadas ni los trabajadores aparecían inscriptos como empleadores o empleados”, por ende, “la situación era clandestina”: el personal no tenía aportes sociales ni cobertura de salud.
En relación a la situación habitacional de las víctimas, durante el allanamiento realizado el pasado 7 de marzo se verificó que las familias residen “en condiciones precarias, con absoluta falta de medidas de seguridad e higiene mínima, en un estado de extrema pobreza y vulnerabilidad”. A esto se suma que no se observaron cloacas ni agua corriente potable, y que en el sector de viviendas se encuentra una suerte de basural con diversos residuos.
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