La Otra Voz Digital Directora Marta César
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ), Federico Otaola, se comprometió a dar «tratamiento urgente» al petitorio que realizaron ayer, referentes de derechos humanos para solicitar que se otorgue la libertad condicional a cinco mujeres de la Túpac Amaru que cumplieron dos tercios de la condena en la causa conocida como «Pibes villeros», informaron los activistas.
Cuatro miembros de una delegación de DD.HH se reunieron este mediodía con el titular del máximo tribunal jujeño en las instalaciones del Poder Judicial provincial para pedir la libertad condicional de las cinco detenidas de la organización Tupac Amaru quienes ya cumplieron dos terceras partes de la condena y se encuentran con prisión domiciliaria.
El petitorio alcanza a María Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Rosa Guerrero, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori, condenadas en enero de 2019 a la pena de entre 6 y 7 años de prisión en el marco de la causa denominada «Pibes Villeros».
José Schulman, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, relató a Télam tras el encuentro, que denunciaron «las condiciones inhumanas, la falta de atención médica y la violencia que el servicio penitenciario ejerce sobre las mujeres detenidas», al tiempo que ratificaron el pedido de libertad condicional.
En ese sentido, Schulman indicó que el presidente del máximo Tribunal jujeño se comprometió a «dar trámite urgente a la petición» realizada por el colectivo de derechos humanos.
«Nos concentramos en relatar las condiciones de vida de las presas de la Tupac Amaru que permanecen con prisión domiciliaria, sobre todo de las cinco integrantes cuya condena cumplió los dos tercios y no hay ninguna razón que justifique que sigan detenidas», dijo Schulman que adelantó que en las próximas horas presentará la petición por escrito a favor de las «presas políticas».
En el encuentro, Schulman exhibió además «todas las denuncias que se conocen a nivel internacional y nacional del arrasamiento de las garantías constitucionales en Jujuy».
Del encuentro también participaron el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, Claudio Yacoy; la secretaria general de Fatpren y dirigente de SiPreBA, Carla Gaudensi; y la integrante de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, Margarita Cruz.
El presidente del máximo tribunal de Jujuy es abogado, fue diputado provincial (1983-1987) por la UCR, se presentó dos veces como candidato a vicegobernador por el radicalismo, e ingresó al STJ en diciembre de 2015, tras la ampliación de ese cuerpo de cinco a nueve miembros que impulsó el gobernador Gerardo Morales al iniciar su primer mandato (ley 5878/15).
Los cuatro referentes llegaron días atrás a San Salvador de Jujuy junto a una comitiva de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales para reclamar «el cese inmediato de la persecución a Milagro Sala y a otros presos políticos» y para exigir «la independencia del Poder Judicial» en la provincia
«Los derechos humanos se cumplen o se violan de manera integral, es imposible que en una provincia donde hay presos y presas políticas no haya el nivel de violencia que hay sobre la población», evaluó Schulman.
Sobre ese punto manifestó que en la provincia hay «un estado de control y disciplinamiento» y ejemplificó que las cinco detenidas de la Tupac Amaru «son amenazadas con mensajes en los que les dicen que si no se portan bien, les va a pasar como Milagro (Sala)».
Finalmente, indicó que los organismos de DD.HH están para «construir la lucha y acciones», para conseguir, «la libertad de Milagro Sala y otros presos y presas políticas» porque «no hay democracia con ellos detenidos».
