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La Sala III del máximo tribunal penal ratificó el carácter de crímenes de lesa humanidad al señalar que los hechos “fueron cometidos como parte del ataque sistemático y generalizado contra la población que llevó adelante la última dictadura” y puso de relieve que se trató de “un caso paradigmático de responsabilidad empresarial”. En el proceso fueron condenados el empresario Marcos Levín -fallecido el año pasado-, el jefe de personal de la firma, José Antonio Grueso, y el comisario Víctor Hugo Almirón.

A seis les dictaron la prisión preventiva, que cumplen en sus domicilios. Están procesados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos y homicidios perpetrados contra las víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la guarnición militar.

En el 49° aniversario del último golpe de Estado hay 14 juicios en curso. 63 causas se encuentran con elevación a juicio a la espera de futuros debates. 615 personas están privadas de su libertad, de las cuales 498 se encuentran en arresto domiciliario. Hay 33 prófugos.

El ex segundo jefe del Regimiento de Infantería Monte N°28, Ernesto Repossi, y el exdirector de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, recibieron la pena máxima por el homicidio de Pedro Enrique Urueña, asesinado con disparos y cuyo cuerpo fue dinamitado, tras su secuestro el 16 de diciembre de 1975.

En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.

Los represores ya condenados Joaquín Guil y Ernesto Repossi están acusados por el asesinato del militante Pedro Urueña. El exinspector policial Juan Carlos Alzugaray está imputado por secuestro y torturas contra Eduardo Porcel. Suman 15 los juicios en curso en el país.

El bloque de Unión por la Patria en a Cámara baja, la UCR, Abuelas de Plaza de Mayo y la CTA Autónoma rechazaron el encuentro que cinco legisladores de La Libertad Avanza mantuvieron con represores condenados en el penal de Ezeiza. Los integrantes de esta comitiva justificaron esta actividad al considerar que se reunieron "con excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista", como Alfredo Astiz, Antonio Pernías, y Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Masón, sentenciados por secuestros, desapariciones, torturas y robo de bebés.

Otras 190 fueron absueltas. La mayoría de las personas vinculadas a estos procesos los transita en libertad. Los/as detenidos suman 642, de los/as cuales 508 permanecen en arresto domiciliario. Hay 13 juicios en curso y 70 causas esperan su arribo a esa etapa.

El militar estuvo al mando de los cuatro centros clandestinos que existieron en Campo de Mayo en los tiempos del terrorismo de Estado: “El Campito”, “Las Casitas”, el “Hospital Militar” y la “Prisión de Encausados”. Además, la Justicia investiga que podría haber existido un quinto centro clandestino cerca de la Puerta 4 del complejo militar del Ejército.

Las penas de 10 y 5 años de prisión, recayeron sobre el exdirector de Seguridad de la Policía de la provincia, Joaquín Guil, y el exagente de policía Carlos Feliciano Estrada, por delitos cometidos en perjuicio de Tomás Ricardo Cuadri, ex secretario del ministro de Gobierno Enrique Pfister Frías durante la gestión del asesinado Miguel Ragone.