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Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las manifestaciones, parar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria. Así lo afirmó Amnistía Internacional, tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, chequeada por su Cuerpo de Verificación Digital

La humanidad logró un hito histórico: en menos de un año de declarada la pandemia del COVID-19, desarrolló distintas vacunas altamente efectivas para protegernos del virus que causó la muerte de más de 3 millones de personas en el mundo.

Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, lanzan hoy la campaña #ESIgualdad, que busca articular esfuerzos para hacer realidad el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral. 

El COVID-19 visibilizó y profundizó la desigualdad sistémica, la represión como respuesta estatal y las políticas perjudiciales implementadas a nivel internacional. Además, América fue el continente más afectado por la pandemia. Así lo indicó hoy Amnistía Internacional en su Informe Anual.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben priorizar a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el COVID-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de sus planes de vacunación y en sus acuerdos con las empresas farmacéuticas, sostiene Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. “Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”, examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y brinda 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.

A un año de la declaración de la pandemia por el COVID-19, Amnistía Internacional lanza una campaña global para pedir el acceso universal de las vacunas contra el COVID-19. La organización denunció que, a causa del accionar de las empresas farmacéuticas y los países ricos, es probable que miles de millones de personas que pertenecen a los grupos prioritarios y las más vulnerables no reciban este año ni una sola dosis.

Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a entidades privadas de salud. La organización enfatiza que los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad.

Amnistía Internacional lanza hoy una campaña global para pedir que los estados prohíban el uso de sistemas de reconocimiento facial, una forma de vigilancia masiva que afecta fuertemente el ejercicio de los derechos humanos.

Amnistía Internacional puso a disposición de senadores y senadoras de la Nación más de 250 mil firmas que reunió alrededor del mundo para exigir que se legalice el aborto en el país y se reconozcan los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

 Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, se refirió a las notas que enviaron hacia el gobernador y a los legisladores en cuanto a las experiencias del uso de armas taser, a raíz de la posible aprobación de su uso por las fuerzas de seguridad de Salta en la Cámara de Diputados provincial.