Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, lanzan hoy la campaña #ESIgualdad, que busca articular esfuerzos para hacer realidad el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral.
“Hoy nos unimos con organizaciones de toda la región con un mensaje claro y contundente para los Estados de América Latina y el Caribe: llegó la hora de garantizar que todas las personas reciban desde la infancia una educación sexual integral (ESI) que les permita elegir lo que quieren ser sin estar sujetas a condicionamientos y estereotipos de género, que puedan ejercer sus derechos, y vivir su sexualidad feliz y placenteramente ”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La campaña #ESIgualdad insta a los Estados a incrementar los esfuerzos por garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la educación sexual integral .
Hay evidencia contundente de que la ESI puede contribuir a dar respuesta a problemas estructurales que han afectado a nuestras sociedades durante décadas: desde las violencias y desigualdades de género hasta los problemas vinculados con la salud sexual y reproductiva. Es, además, una herramienta clave para la prevención de abusos sexuales y tiene el potencial de cambiar la vida de niños, niñas y adolescentes que cuenten con herramientas para pedir y recibir ayuda a tiempo; así como para el disfrute de otros derechos humanos.
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La campaña también busca hacer frente al aumento de ataques contra las políticas y leyes que buscan abordar la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos en la educación. Encabezados por grupos con una agenda contraria a los derechos humanos, comparten información falsa que genera desconocimiento y temor en los y las jóvenes y sus familias.
América Latina, un mapa alarmante
La situación en la región respecto al cumplimiento del derecho a la educación sexual integral es alarmante. En algunos países, no existe ningún respaldo institucional para la educación sexual integral. Por ejemplo, en Paraguay el Ministerio de Educación emitió una resolución en 2017 por la cual se prohibió el uso y difusión de materiales sobre educación sexual y reproductiva, e igualdad de género y no discriminación. Esta resolución sigue vigente.
Iniciativas parecidas en otros países también han avanzado. En Guatemala, un proyecto de ley que busca prohibir las políticas y programas de ESI en instituciones educativas privadas y públicas, llegó a debatirse en el Congreso en 2018.
La situación en Argentina
Aún en países que cuentan con leyes o políticas públicas que respaldan el derecho a la educación sexual integral, existen serias deficiencias respecto a su implementación efectiva.
En Argentina, pese a que la educación sexual integral es obligatoria desde 2006, aún falta mucho para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos. Según el Ministerio de Educación de la Nación, alrededor del 50% de los estudiantes manifestó que la escuela debería profundizar el abordaje sobre:
la prevención de infecciones de transmisión sexual
el embarazo no intencional en la adolescencia
los métodos anticonceptivos
violencia de género.
Asimismo, los estudiantes identifican entre los temas que menos se trabajan en el aula:
el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias en el marco del respeto y cuidado por uno mismo y por los otros;
los marcos legales para el acceso a los servicios de salud sexual.
Esto ocurre en una región afectada por altos índices de desigualdad de género, violencia contra las mujeres, niñas y personas LGBTI+, embarazos precoces no-intencionales y forzados, y otras vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual integral plantea combatir estas problemáticas.
La Otra Voz Digital Directora Marta César
