La Otra Voz Digital Directora Marta César
Un juez federal ordenó esta mañana la detención de dos comisarios y otros dos policías de la comisaría de Llavallol en el marco de una causa en la que se los acusa de explotar sexualmente de mujeres y chicas trans y además por «protección a narcos».
Mientras, en el procedimiento donde fue arrestado Kearney Herrera se secuestró una ametralladora y varias armas, según confiaron las fuentes consultadas, quienes dijeron también que debajo del escritorio del jefe de calle de la 4° de Lomas hallaron un maletín con dos pistolas 9 milímetros limadas.
Como resultado de los allanamientos fueron incautados varios vehículos, armas de fuego ilegales con su numeración alterada, municiones, drogas, computadoras, teléfonos celulares y más de 100.000 pesos y dólares en efectivo. Otro jefe policial permanecía prófugo.
En tanto, en la vivienda de este policía se secuestró dinero en efectivo y su arma reglamentaria.
Los detenidos son los comisarios Nicolás Félix Breglia, el subcomisario Patricio Miguel Kearny Herrera (ambos del Comando de Patrullas de Avellaneda), el teniente primero Jorge Abel Virreira y los oficiales César Pérez (jefe de calle de seccional de Llavallol), Braian Fabián Robledo (integrante de la misma dependencia) y la oficial principal Claudia Yamila Ferrando (también de Avellaneda).
Tras el análisis de comunicaciones y tareas de seguimientos, el juez Villena ordenó la realización de varios allanamientos, entre ellos las oficinas de la comisaría de Llavallol y los domicilios de los efectivos sospechosos.
Por último, los subcomisarios Raúl Alberto Gauna y Maximiliano Daniel Oviedo no fueron detenidos al dar los allanamientos negativos, pero si fueron desafectados de la fuerza como los otros 6.
Se trata de una caso a cargo del juez federal Federico Villena, que investiga desde 2015 una red de trata de personas, en concreto a prostitutas y transexuales, en la que participaban supuestamente policías de la provincia de Buenos Aires, que también protegieron a narcotraficantes de la misma trama. Además, los investigadores determinaron a través de las primeras pesquisas que los policías les pedían pagos de hasta 2.000 pesos diarios a las mujeres para trabajar en la vía pública, por lo que los agentes fueron imputados por el delito de «explotación sexual con fines de lucro«.
