La Otra Voz Digital Directora Marta César
De la idea de la responsabilidad social y colectiva en el desarrollo integral de infancias y adolescencias a la concepción de lxs hijxs como mercancías pasibles de ser vendidas por sus propietarios, hay un abismo en el que el actual gobierno está dispuesto a zambullirse y zambullirnos, en una gradiente descendiente de pérdida de derechos.
En un país con 55,5% de personas por debajo de la línea de pobreza, y donde el 17% vive en la pobreza extrema o indigencia, garantizar la crianza de infancias con acceso a derechos (salud, educación, nutrición adecuada, vivienda) que promuevan su desarrollo integral (desarrollo de sus potencialidades sociales, culturales y afectivas) puede resultar inalcanzable para las familias y para la comunidad en su conjunto, máxime si el Estado se retira de sus funciones y responsabilidades.
El Estado tiene responsabilidades indelegables en el cuidado y desarrollo de las infancias, que se cristalizan a través de las políticas que despliega.
En la actualidad, el andamiaje institucional de protección a las infancias está en riesgo. Se desfinancian y desjerarquizan las áreas encargadas de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y se cuestiona la concepción misma de las niñeces y adolescencias como sujetos de derechos, cuando se llega a plantear (sin ruborizarse) que niños, niñas y adolescentes pueden ser moneda de cambio. Esta impronta se expresa, por ejemplo, en la denominación del ex Ministerio de Desarrollo Social ahora llamado Capital Humano, aludiendo a la idea mercantil de gestión de mercancías humanas.
El proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil que presentó el oficialismo – entre la docena de propuestas que hay circulando, de los cuales cuatro plantean la baja de la edad de punibilidad – consiste en bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años a quienes participen en delitos graves.
Además, no establece distinciones ni por delito ni por franjas etarias y abre la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes sean alojados junto a presos adultos. Esta modificación también elimina la participación central que tienen los organismos de niñez como agentes comunitarios de promoción y protección de los derechos infantiles. Establece la prisión preventiva como regla y no como última medida o de excepción; entre otras.
Esta avanzada sobre los derechos más fundamentales de las infancias, se basa en un posicionamiento ideológico anclado en un paradigma punitivista, que además vendría a responder a una supuesta problemática que no se evidencia en la realidad. No es cierto que haya aumentado la participación de niñxs y adolescentes en delitos graves.
¿Cómo se pretende resolver un problema estructural atravesado por la desigualdad, si no se concibe a las infancias y adolescencias en clave de sujetos de derecho?
Desde ATE exigimos, en primer lugar, que la propuesta no viole lo establecido en la Constitución Nacional; en segundo término, que se adapte a los estándares internacionales a los cuales está suscripta Argentina a través de diversas normativas de protección de derechos infantiles y, la tercera, que se dé un debate profundo del cual participen todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Este tipo de iniciativas no es novedosa, ni legítima, ni efectiva, ni tampoco necesaria. Una vez más se intenta avanzar en la estigmatización de las y los adolescentes, especialmente quienes tienen derechos vulnerados.
La avanzada del Gobierno de Milei sobre las infancias pone en alerta al conjunto de organismos públicos y/o de la sociedad civil que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. Por eso, a pesar de los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se logró en el mundo y en nuestro país con los años, hoy su realidad está siendo amenazada por las políticas de ajuste y la desresponsabilización de su rol público como Estado garante de derechos.
Desde ATE repudiamos este hecho político y todo intento de avasallar los derechos adquiridos para cuidar de las generaciones más jóvenes. Las brechas de desigualdad estructural que está acentuando el Gobierno requieren de un Estado fuerte y presente con políticas orientadas especialmente a los grupos más vulnerables y no de jactarse de su vaciamiento.
*Valeria Taramasco, Secretaría de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional de la ATE Nacional
