La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció hoy «la lentitud y aparente desidia» de las autoridades a la hora de atajar los casos de violencia sexual contra niños, adolescentes y mujeres que ocurren en el país, particularmente cuando éstos son cometidos por cargos públicos.
«Además de la indiscutible legalidad que sustente su mandato, las autoridades de los órganos del Estado tienen la obligación de sostener y promover conductas éticas y los valores proclamados en la Constitución (…), que promueve y defiende con prioridad el interés superior de la niña, niño y adolescente», indicó la institución en un comunicado.
Para este organismo, la violencia contra menores y mujeres «se ha convertido en uno de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos humanos en Bolivia».
El problema, considera la Defensoría, «se sostiene y acrecienta por un sistema judicial, policial e incluso social que promueve y permite la impunidad, especialmente cuando los perpetradores resultan tener distintos niveles de poder e influencia».
«Mientras este sistema oprobioso no cambie, los casos van a seguir incrementándose en todos los ámbitos y niveles en los que se evidencian», advierte la institución.
La Defensoría cita como ejemplo el caso del diputado indígena Jacinto Vega, del partido del presidente Evo Morales y quien está acusado de presuntamente violar a dos menores de edad, pese a lo cual sigue ocupando su escaño en el Legislativo.
«Nos preocupa que, pese a la existencia de claros indicios y declaraciones de las víctimas (…), (el diputado Vega) mantenga en la actualidad sus prerrogativas como representante nacional, limitándose la instancia responsable a solicitarle que voluntariamente pida licencia», denuncia la Defensoría del Pueblo.
La institución advierte de que «esta forma de responder a las denuncias puede constituirse en un mecanismo velado para socapar, proteger y apañar a individuos que tienen procesos penales y probablemente son responsables de haber cometido crímenes cargados de salvajismo y violencia machista que han destruido la vida de inocentes niñas o mujeres».
También denuncia «las irregularidades y contradicciones en las que han incurrido algunos jueces y fiscales» en este caso, con decisiones que han propiciado «la retardación de justicia» e ignorado «los derechos de las niñas víctimas a recibir toda la protección y defensa».
Por ello, la Defensoría exhortó a las autoridades políticas a que en todos los casos de violencia contra menores y mujeres en los que se vean involucrados servidores públicos «sea cual fuere su poder e influencia, respondan con diligencia, probidad y compromiso con los derechos humanos».
Asimismo, la institución exige al Gobierno y la Justicia que atiendan estos casos «con la misma celeridad e interés con que se han procesado otros casos, considerados de interés político y gubernamental».
En 2014 se registraron en Bolivia al menos 73 infanticidios, de los que 60 corresponden a niños menores de cinco años, además de 326 denuncias de abuso sexual contra menores.
Bolivia es el país latinoamericano con mayores niveles de violencia física contra la mujer, y el segundo después de Haití en violencia sexual, según datos de Naciones Unidas.
Imagen : www.defensoria.gob.bo
