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Comenzó hoy una audiencia de debate seguida contra un sujeto de 54 años imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente en perjuicio de una menor de 18 años. La víctima es hija del acusado. Los hechos salieron a la luz cuando la niña le contó a su maestra que su padre había abusado de ella durante la pandemia (desde 2020 a 2022), mientras se encontraba cumpliendo una condena por drogas con modalidad de prisión domiciliaria.

Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete con una imagen negativa del 50,6%, aunque mejor que su predecesor. Su apoyo es transversal a la grieta, con alto respaldo en el electorado de La Libertad Avanza y fuerte rechazo en la oposición, lo que implica un desafío para la articulación política.

Es en relación con la denuncia realizada por la muerte de su hija y de su nieta, oriundas de la ciudad de Tartagal, vinculada a una supuesta mala praxis.

“Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Son centenares que perciben ingresos mensuales millonarios sin brindar una contraprestación”, apuntó Rodolfo Aguiar.

La Fiscalía presentó la acusación formal ante la Oficina Judicial. Entre las pruebas reunidas durante la investigación se encuentran informes médicos, registros de cámaras de seguridad, testimonios y una pericia genética que detectó material biológico del acusado en muestras recolectadas del cuerpo y la ropa de la denunciante.

Rodríguez detalló que el Gobierno ha atendido a más de 73.736 familias con ayuda humanitaria.

La madre de una niña de 8 años denunció al padre de la menor en la localidad de Joaquín V. González.

Tras su salida del Gobierno, el ex jefe de Gabinete podrá percibir los honorarios correspondientes por integrar el directorio de la petrolera estatal.

La presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero destacó hoy la importancia del trabajo pericial al abrir la jornada de “Capacitación en perspectiva de género en la actividad pericial”.

La mañana del 26 de junio de 2002 los movimientos sociales estaban organizando una gran jornada de protestas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Apenas habían pasado seis meses del Estado de sitio, la represión y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.