La Otra Voz Digital Directora Marta César
Sobre todo en los sectores más vulnerados y excluidos socialmente.
María del Carmen Verdú, titular de CORREPI, alertó sobre la violencia institucional que padecen los sectores más vulnerabilizados y excluidos socialmente.
Indicó que, desde el inicio de la pandemia, sobre todo en los periodos de confinamiento más importantes, hubo un pequeño descenso en la violencia institucional, pero que inmediatamente surgieron otras modalidades de la represión estatal que adquirieron el ritmo que había antes de la emergencia sanitaria.
La abogada informó, que las muertes en lugares de detenciones durante el 2020 alcanzaron el 66% del total de casos recopilados en el archivo.
Remarcó que jamás desde la organización, se cuestionaron las distintas medidas que se adoptaron por la pandemia, entendiendo que, hasta la llegada de las vacunas, era lo único de lo que se disponía para cuidarnos y para prevenir la enfermedad. No obstante, criticó que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad, con ampliación de presupuesto y de facultades, la garantía del cumplimiento de estas medidas.
»El límite entre la prevención del delito y el hecho criminal del policía, es el derecho a la vida»
En este sentido, alertó que “hay un incremento sostenido de todas las modalidades represivas, no solamente los fusilamientos de gatillo fácil en la vía pública, las muertes en lugares de detención y los femicidios a manos de los integrantes de las fuerzas de seguridad”.
Se refirió en esta parte a la reciente condena del agente Chocobar y reflexionó: “Fue una condena fácil para el gatillo fácil. Parece que da lo mismo que mate el cartero, el barrendero o el médico, un desocupado o el policía y no da igual porque todos los demás se la tienen que arreglar para conseguir un arma y al policía se la dio el Estado con la excusa, más allá de que no sea la función específica, de que es para proteger”.
