La Otra Voz Digital Directora Marta César
A cien años de la vigencia de la Ley Palacios, Argentina como país abolicionista sigue sosteniendo que nadie puede promover su propia explotación sexual. La periodista Mónica Molina, quién fue además funcionaria del Área de Género dentro del municipio de Santa Rosa, La Pampa, y que en su gestión logró el cierre y erradicación de whiskerías en las que se explotaba sexualmente a mujeres, sostuvo que conformar «una cooperativa de trabajadoras sexuales es como promover prostíbulos».
En el contexto de una discusión que llevan adelante mujeres que están en situación de prostitución, Molina aseguró que la Organización Internacional del Trabajo no reconoce la explotación sexual del propio cuerpo como tal.
«Si bien en nuestro país la prostitución no está penalizada, no lo asume como un instituto de trabajo. Debemos seguir en esa línea porque eso resuelve en lo económico el aquí y el ahora de algunas mujeres, pero sigue siendo funcional a la lógica del mercado y al sistema patriarcal. Cuando uno lee las historias se da cuenta de que no hay autonomía sino desequilibrio de poder y de abuso sobre otro cuerpo», aseguró
Molina destacó que se debe interiorizar la sensibilidad «de que estos lugares llamados prostíbulos son lugares de explotación», y que esto «debe pasar en los niveles de decisión política».
«Todavía nos falta un grado claro de conciencia y de asumir los roles de funcionario público. Un funcionario que va a un prostíbulo viola todos los derechos humanos y merece un juicio político», sentenció, haciendo referencia a las nefastas declaraciones de algunos hombres vinculados a la actividad política y remarcando puntualmente la situación del ex intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba.
También destacó que hay una ardua tarea de pensar seriamente como «anticiparse a que sigan cayendo en situaciones de explotación sexual más chicas». «Estas formas patriarcales son de sujeción sobre el cuerpo de las mujeres», consideró.
Si bien rescató que se avanzó con la sanción de leyes y la visibilización de la temática en los últimos años, remarcó que poco se habla de los contextos que vulneran a las mujeres y que de algún modo propician la explotación sexual.
En esa misma línea, la periodista destacó que no hay registro sobre la situación de explotación sexual de mujeres y niñas en nuestro país, a pesar del trabajo de Silvia Chejter. También subrayó, que no está conformado el Consejo Federal de Combate de la Trata de Personas que estipula la última modificación de la Ley de Trata, y que además no existe un programa que unifique la atención de las mujeres que fueron víctimas de explotación sexual.
Por último, Molina resaltó que hablar de esta centuria de la Ley Palacios «es poner en evidencia como se estructuran las relaciones de poder sobre el cuerpo de las mujeres», considerando que ese mismo debate de hace cien años está totalmente reactualizado, y que la ley no se iba a modificar en diciembre, al punto de casi perder estado parlamentario «si no fuera por el desenlace que tuvo el caso Marita Verón».
