Soria y Flores Larsen «responden a mandatos corporativos y oscuros»

Verónica Caliva, presidenta de la Fundación Entre Mujeres manifestó que tanto el juez Soria, como la defensora Flores Larsen, entre otros «responden a mandatos corporativos y oscuros a los que millones de mujeres estamos decididas a enfrentar».

Las declaraciones de Caliva se dan en el contexto de la presentación de un jury en el que la misma particípó en representación de la Fundación que encabeza junto a otras asociaciones y militantes en pos de los derechos de las mujeres y niñas, llevado adelante contra ambos funcionarios judiciales por haberle negado la práctica de un aborto no punible a una niña abusada sexualmente por su padrastro.

Acerca de la necesidad de capacitación en cuestiones de género en el ámbito de la Justicia, después de la actuación del magistrado y la defensora en cuestión, la presidenta de la Fundación Entre Mujeres señaló que la capacitación en esta materia «debe ser una constante, debe atravesar al sistema de Justicia, pero deben buscarse también mecanismos y resortes que impidan que funcionarios como Soria y Flores Larsen administren Justicia haciendo prevalecer sus posicionamientos ideológicos por sobre lo establecido en compendios jurídicos nacionales e internacionales que tienen por fin último proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres».

Consultada sobre la influencia de las convicciones personales, opiniones o creencias al momento de impartir «justicia», Caliva consideró: «En este caso en particular, está más que claro que la influencia es negativa, vulnera todos los derechos y la confianza de la ciudadanía, de toda la sociedad en su sistema judicial».

Agregó asimismo, que si se parte de la premisa de que todos los miembros del Poder Judicial «deben promover y velar por la igualdad de todas las personas ante la ley, y que a través de su comportamiento la Justicia debe fortalecer su independencia e imparcialidad para proteger los derechos humanos, esperamos en consecuencia que juezas y jueces garanticen que los Tribunales sean defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad; esperamos que cumplan con sus obligaciones respetando y honrando su función judicial».

Siguiendo esta línea manifestó que si funcionarias y funcionarios no se ajustan a los cánones de la Ética Judicial y priorizan criterios personales y mezquinos «se alejan de toda Administración de Justicia  imparcial, prudente, serena, sensible, humana».

En ese mismo marco, Caliva cuestionó el decreto 1170/12, que dictó el Ejecutivo Provincial cuando la Corte Suprema de Justicia despejó cualquier duda en los casos previstos por el artículo 86, inc. 2° del Código Penal. Al respecto, la joven militante consideró que más bien entorpece la plena aplicación de este artículo contemplado en nuestro Código Penal, que es obsoleto y se transforma en obstáculo». Sobre el mismo punto, señaló que genera un retroceso para las niñas y mujeres salteñas, «si de igualdad de derechos, equidad y justicia social se trata», porque «exige denuncia penal o declaración jurada con asistencia de defensor oficial para que las víctimas -en medio de una situación de crisis violenta física y psíquica- puedan acceder a sus derechos», tornándose así el trato estatal «en degradante, humillante e inhumano».

También agregó que el mencionado decreto, «no contribuye a mejorar  tampoco la calidad de las precarias estructuras de Salud Pública en materia de salud sexual y reproductiva y de Derechos Humanos, y por supuesto, no ayuda a «definir medidas para reducir y eliminar las barreras para el acceso al aborto permitido por la ley», establecidas en la Ley Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, en la Constitución y en tratados internacionales».

Del mismo modo, enfatizó que el 1170/12 «vendría a ser uno más de los tantos instrumentos que las mujeres nos vemos obligadas a denominar de “discriminación positiva”, ya que en el, el gobernador “instruye” a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos a implementar de manera inmediata las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder, de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sin decir también que es fin del Estado “impedir que se utilicen fraudulentamente prácticas ilegales”, habla de evitar los  “casos fabricados”, dejando siempre un manto oscuro y de dudas  sobre niñas y mujeres víctimas de violencia sexual; y por si todo esto fuera poco deja “a salvo -expresamente- el derecho de los profesionales médicos a ejercer su objeción de conciencia”.