Salta, emergencia por violencia de género y después

Se están por cumplir dos meses desde la declaración de emergencia por violencia de género en una de las provincias más conservadoras y machistas de nuestro país, donde la iglesia católica continúa siendo un obstáculo para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres. 

El 8 de Septiembre pasado el gobierno salteño , encabezado por Juan Manuel Urtubey declaró » la emergencia pública a en materia social por violencia de género en todo el territorio de la provincia de Salta” mediante el Decreto 2654, publicado el 10 de septiembre en el Boletín Oficial.
Tal como reveló el ministro de Gobierno Eduardo Sylvester en la conferencia de prensa, la emergencia responde en parte a un reclamo que venían realizando desde hace tiempo instituciones y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, otras organizaciones que trabajan en pos de la construcción de una sociedad libre de violencia machista, como la Multisectorial de Mujeres de Salta, cuestionan la iniciativa y reclaman “políticas sostenidas en el tiempo con perspectiva de género y un presupuesto adecuado”.

El Decreto, firmado por el gobernador de la provincia en acuerdo general de ministros y en carácter de necesidad y urgencia, faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante todas las acciones que considere necesarias para enfrentar y solucionar la situación crítica que viven las mujeres en la provincia. La emergencia pública queda establecida por el plazo de dos años y prevé algunas medidas orientadas a la puesta en marcha de políticas públicas que tengan como objetivo implementar la Ley 26.485, de prevención, sanción y erradicación de todo acto de violencia hacia las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

La declaración de emergencia llegó tarde. Quizás las autoridades reaccionaron luego de conocerse las noticias de dos femicidios en la misma semana: el de Abigaíl Antelo, de 17 años, y el de Evelyn Beatriz Rivero, de 38. Ambas fueron brutalmente golpeadas y asesinadas. El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, que expresa la desigualdad estructural sobre la que se asienta la sociedad patriarcal. Y Salta, donde la violencia hacia las mujeres está completamente naturalizada, es una de las provincias del país con mayor tasa de femicidios. En lo que va de 2014, acumula la alarmante cifra de 12 mujeres asesinadas. Otro dato que evidencia la situación crítica en dicha provincia se desprende de un informe mensual que realiza la Corte de Justicia de salteña: entre enero y agosto de este año se abrieron 8417 causas por violencia doméstica.

Según datos del Programa “Las Víctimas contra la Violencia”, creado y coordinado por la Dra. Eva Giberti, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una gran cantidad de denuncias de esta índole proviene particularmente de las provincias del norte argentino, a pesar de que el Programa sólo tiene jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La declaración de emergencia es el punto culmine en una escalada que los que trabajamos en esto veníamos viendo y llegó cuando existió una decisión política de llevar a cabo acciones integrales concretas contra este problema”, sostiene la Dra. Matilde Alonso, directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC), dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta.

Para Alonso, la iniciativa resulta positiva ya que forma parte de un primer paso fundamental: “reconocer el problema para poder llevar adelante acciones integrales que aborden una problemática tan compleja”. Para ella, las tres patas para erradicar definitivamente la violencia de género son el trabajo en “prevención, asistencia y acciones que tengan que ver con respuestas desde el sistema judicial”.

A pesar de que tan sólo pasaron 52 días desde la declaración de emergencia, la Dra. Alonso cree que desde la gran difusión que tuvo el anuncio ha aumentado la concurrencia al Servicio de Asistencia a la Víctima con la finalidad de requerir orientación y asistencia. “El solo hecho de que una persona se pregunte si está en una situación de violencia es positivo”, y agrega: “visibilizar temas como éstos hace que las personas recurran, tomen conocimiento de los recursos que tienen y de las modalidades de abordaje para salir de una situación de violencia”.

Marta César es vicepresidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres desde hace más de 20 años en la provincia. “La violencia hacia las mujeres es una cuestión estructural, profundamente cultural, histórica, enraizada en mitos, generalizaciones, prejuicios, estereotipos, sobre los que se han edificado las formas en que la cultura percibe lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, con la sobrevaloración de un género sobre otro siempre en desmedro de las mujeres y como soportes de las relaciones desiguales de poder y la subordinación de las mujeres. Frente a esto, la declaración de la Emergencia en Violencia de Género – por dos años- aparece pobre e insuficiente”, sentencia César, que además es integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista).

Ella cuestiona la matriz patriarcal y religiosa de la provincia, y descree de las acciones que puedan llevar a cabo los funcionarios de este gobierno, ya que “participan de ese esquema patriarcal, católico, reaccionario, con aristas medievales. Quienes nos gobiernan, quienes deben administrar justicia en un estado laico como el nuestro, se comportan como verdaderos vicarios y vicarias de la iglesia antes que como funcionarios y funcionarias que deben velar por el cumplimiento de la ley”. Es por ello que su reclamo se centra en la capacitación con perspectiva de género para los integrantes de los tres poderes. “En muchos funcionarios y funcionarias la ignorancia en cuestiones de género es alarmante. ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden desarrollar con alguna seriedad desde esta perspectiva?”, advierte Marta.

El caso de la salteña Lorena Roca

A partir de conocer la historia de Lorena (ver 102 denuncias no alcanzan para una víctima de violencia de género), esta redactora se comunicó con el Programa “Las Víctimas contra las Violencias”, que coordina la Dra. Eva Giberti. En este organismo, informaron que no podían actuar en la provincia de Salta porque sólo tienen jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero suministraron el contacto de la Secretaria de la Oficina de Violencia de Género provincial (OVIF). La respuesta de la Dra. Amalia Fuentes Marrupe tardó en llegar, y cuando lo hizo fue demoledora. Desde el comienzo del escueto e-mail, para el cual se tomó varios días en redactar, las propias palabras de la Secretaria evidenciaron la mentalidad patriarcal y conservadora de los funcionarios salteños y la ausencia de una perspectiva de género: “el caso de la señora Lorena Roca está debidamente atendido”. Sin embargo, a Lorena su ex pareja la seguía encontrando por la calle y agrediendo frecuentemente.

Otro pasaje de la respuesta emitida por la Dra. Fuentes Marrupe terminó por convencer de que la violencia contra esta víctima no sólo la ejercía su ex pareja: “el único fin de la señora Roca es lograr el aumento de la cuota alimentaria que el señor Ledesma abona con regularidad”. El panorama era desolador. El día 6 de septiembre, en el marco del programa radial Fuera de Agenda, se llevó a cabo una entrevista a la Dra. Eva Giberti, quien premonitoriamente anunció: “son centenares las personas que viven en situaciones de violencia de esta índole, y ésto estalla cuando se produce el femicidio”.

Pocos días después, el gobernador Juan Manuel Urtubey declaró la emergencia por violencia de género en la provincia. El 13 de septiembre, en el mismo programa radial se entrevistó al Dr. Martín García Caínzo, Secretario de Derechos Humanos de Salta. El funcionario habló de la intención de erradicar el machismo y la violencia hacia las mujeres naturalizada en su provincia, y con un discurso esperanzador se comprometió a ayudar en este caso particular. Días más tarde, Lorena empezó a recibir las respuestas que estuvo esperando durante diez años.

Le asignaron una trabajadora social, la acompañaron a Fiscalías y Juzgados con el fin de acelerar las causas judiciales que estaban frenadas hace tiempo, la instaron a asistir a cursos y talleres para fortalecer su autoestima y prepararla para el juicio, que empieza en muy poco tiempo. A raíz de este caso, el interrogante que se abre es saber si la emergencia pública en violencia de género efectivamente se traducirá en políticas públicas que lleven adelante acciones integrales para afrontar el flagelo de la violencia de género, o si la respuesta que recibió Lorena se trata de un caso aislado que fue atendido por cierta resonancia mediática y por la insistencia de quien escribe.

Imagen : Red Eco Alternativo