La Otra Voz Digital Directora Marta César
Ayer se realizó la presentación del Informe Anual 2016 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres a la Mesa de Gestión de Tartagal. La actividad estuvo encabezada por las directoras María Laura Postiglione y María Eugenia Burgos, acompañadas por la socióloga Ana Perez Declerc y se realizó durante la tarde en el salón principal del Hotel Espinillo.
En ese marco también, las directoras explicaron los resultados de la investigación cualitativa de las trayectorias burocráticas de las víctimas en esa jurisdicción. En la misma se analizó el camino recorrido de mujeres que realizaron denuncias no sólo desde la perspectiva institucional sino también en la dinámica socio-familiar desencadenada como consecuencia de la denuncia.
“Lo importante es dar difusión a la información sistematizada. Conocer es el primer paso. Necesitamos que las referentes que trabajan por los derechos de las mujeres estén debidamente al tanto de todo los hallazgos del informe para así trabajar en conjunto con toda la sociedad en la demanda de políticas públicas”, expresó Postiglione.
Entre las integrantes de la red, estuvieron funcionarias del Municipio, de S.A.VIC., Ministerio Público, U.N.Sa. y de organizaciones.
Investigación cualitativa sobre las trayectorias burocráticas de las víctimas
Este trabajo se realizó entre los meses de julio a octubre en las jurisdicciones de Tartagal y Metán. Entre otras cosas, se detectó que:
1) es poco claro para las víctimas cuáles son las funciones de los distintos organismos intervinientes en el trayecto (ejemplo: confusión entre el/la juez/a y Defensor/a Oficial);
2) la Policía no está entrenada lo suficiente en el abordaje de la violencia y no cuentan con traductor/a en el caso de atender a pueblos originarios. Tampoco se toma la denuncia en todos los casos;
3) en general, hay un conocimiento social acerca de la posibilidad de radicar la denuncia como mecanismo disruptivo ante la violencia, pero no así sobre sus consecuencias (ejemplo: temen perder a sus hijos);
4) las víctimas ponen una gran expectativa en la radicación de la denuncia, pero no suelen hallar la respuesta esperada;
5) las instituciones suelen ser inaccesibles para muchas mujeres tanto en términos geográficos como su ubicación dentro de los edificios. El condicionante económico también surgió como un impedimento para acceder a las instituciones (ejemplo: no tener plata para el colectivo);
6) las mujeres señalan dificultades propias de la tramitación de los procesos judiciales, ya que se requiere una alta capacidad de autogestión;
7) se verifica todavía la realización de audiencias conjuntas entre víctima y agresor
8) las diferencias de poder en perjuicio de las víctimas no son solamente en virtud del género, sino también de la etnicidad y del status social;
9) se verifica confusión sobre el rol de los distintos profesionales intervinientes (ejemplo: entre psicólogos y trabajadores sociales). Sin embargo, brindan un apoyo importante para las mujeres en el trayecto;
10) el personal de aéreas de salud no cuenta con formación (o resulta insuficiente) ni directivas específicas en materia de violencia de género, lo que genera en algunas circunstancias revictimización;
11) en todos los casos se verifica la participación activa de la red de contención familiar y social del círculo cercano a las víctimas;
12) en operadores institucionales hay todavía prejuicios – principalmente vinculados a la familia y al rol de las mujeres – y en algunos casos carencia de formación en temas de género;
13) se verifica la ausencia de un sistema de valoración de riesgo riguroso, quedando a criterio del/de la operador/a interviniente;
14) el personal de salud no está formado en asuntos vinculados a la violencia sexual.
El trabajo completo se puede encontrar a partir de la página 79 del Informe Anual 2016. Se puede descargar en http://www.ovcmsalta.gob.ar/informe2016.pdf
