La Otra Voz Digital Directora Marta César
A cinco meses de haberse llevado a cabo las declaraciones indagatorias del intendente Luis Rogers (foto) y de un jefe policial, Carlos Alaniz, el Juzgado Federal los procesó por el delito de trata de personas en grado de partícipes necesarios. También quedaron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Juan José Baric considera que los acusados deberían quedar detenidos.
La jueza Iara Silvestre procesó el pasado 30 de abril al intendente Luis Rogers y al comisario Carlos Alaniz por el delito de trata de personas, en grado de partícipes necesarios, y también por incumplimientos de los deberes de funcionario público, según confirmaron fuentes de ese tribunal a El Diario. Además, hay otras tres personas procesadas.
El fiscal Juan José Baric ya decidió que apelará la resolución. «Va a apelar la resolución porque, a partir de la calificación legal y la pena prevista por ese delito, deberían estar detenidos», señalaron a El Diario en su despacho. La jueza Silvestre también procesó al dueño del cabaré, Eduardo Mariano Fernández.
La resolución de la jueza llegó una semana después de que el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Protex), Marcelo Colombo; el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,Alejandro Cantaro, y el fiscal Federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, Juan José Baric, solicitaran -el 24 de abril- la inmediata resolución procesal de los dos funcioanrios públicos involucrados en el caso de trata de personas con fines de explotación sexual.
Por pedido de los fiscales Baric y Colombo, los acusados declararon en noviembre del año pasado luego de reiteradas negativas del juez Marcelo Piazza, quien se negaba a hacer lugar al pedido desde diciembre de 2012. Ambos funcionarios están imputados en la causa debido al presunto apoyo que brindaban para el sostenimiento del prostíbulo “Good Night”, de Lonquimay.
Rogers había defendido públicamente el lugar en el que se estaba cometiendo un delito. No solo se pronunció en contra del cierre del local, sino que también fue el encargado de otorgar la habilitación bajo el rubro “servicios de salones de baile” y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituídas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.
Como subcomisario de la comisaría de Lonquimay, Alaniz se encontraba en conocimiento de la situación de las mujeres en el prostíbulo y refrendó acusaciones por parte de una víctima que denunció las amenazas que recibió del dueño del local, Carlos Fernández. Además, se debe sumar la relación fluida que poseían el intendente, el policía y el propietario del cabaret, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino documentado a través de las comunicaciones telefónicas acreditadas en el expediente.
Según informó la Procuradoría General de la Nación, los fiscales habían planteado en su presentación la negativa ante la orden del juez de pedir la ampliación de las declaraciones indagatorias de otros dos imputados sobre los cuales ya se ha dictado un auto de procesamiento que se encuentra firme. “No existen motivos como para volver a llamar a prestar declaración indagatoria a dos personas que ya han sido procesadas y que no lo han solicitado”, afirmaron.
Los fiscales sostuvieron que “a esta altura de los acontecimientos, dilatar aún más el trámite del proceso, se torna, por lo bajo, en una intolerable desidia”, y que “es claro que este expediente ha avanzado a paso exasperadamente parsimonioso y flemático, cuanto no moroso, por lo cual ya nada justifica que no se resuelva la situación procesal de los imputados”.
Finalmente, consideraron que “si el magistrado entiende que debe volver a oír a los imputados, deberá explicar los motivos de esa citación. Caso contrario, lo dispuesto se presenta como una medida sin mayor sentido, arbitraria y puramente dilatoria, y por lo tanto nula”.
El caso
La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alaniz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernandez.
Marcelo Piazza fue el primero de los tres jueces que subrogaron en el Juzgado luego de la muerte del titular Pedro Zabala. José Antonio Carlín (quien hoy es magistrado Federal en General Pico) fue el segundo en la lista hasta que fue desaforado. Actualmente, Iara Silvestre es quien sigue el caso.
El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido de la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia había sido secuestrada por el dueño del cabaret “Good Night”. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral en el prostíbulo y que ahora estaba cautiva en el lugar siendo víctima de amenazas.
La mujer logró escapar y en su declaración relató que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. Añadió también que aún estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que «no le importaba, que ella tenía que hacer plata».
El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.
Como consecuencia de las denuncias, el 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el «Good Night» en el que se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases” que realizaban.
A partir de la declaración de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo obligándolas a entregar el 50% del dinero.
Otro testimonio importante en la causa fue el de Neli Haydeé Penzotti, quien se desempeñaba como viceintendenta de Lonquimay. La mujer declaró que Fernández mantenía un estrecho vínculo con el alcalde y que el hombre había defendido la existencia de prostíbulo.
En declaraciones a los medios, cuando las autoridades ordenaron el cierre del local, Rogers afirmó: «El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento». El intendente enfrentaba además denuncias del INADI y del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia.
Por todas las pruebas reunidas y luego de los reiterados pedidos, el 7 de mayo fueron procesados Carlos Fernández, acusado de ser el dueño del prostíbulo y otros dos hombres, uno de ellos hermano de Fernández, señalados como encargados del local nocturno.
Finalmente, la jueza Iara Silvestre había ordenado el llamado a indagatoria del intendente y el subcomisario para el 7 y 8 de noviembre del año pasado. Además, hay otros tres hombres imputados, uno de ellos acusado de ser el dueño de un prostíbulo y los otros de ser los encargados.
Ahora, la jueza Silvestre también procesó a Rogers y Alaniz.
Imagen : El diario de La Pampa
