La norma que contempla la creación de una licencia para «garantizar que toda mujer que sufre violencia tenga amparo legal en el ámbito laboral», fue presentado y debatido en audiencia pública en la Cámara de Diputados.
«Hace dos años una encargada llegó al sindicato en un estado calamitoso, no podía hablar ni caminar por las pastillas que le daba el psiquiatra a raíz de la violencia de género que durante muchos años soportó. Ese fue el inicio de este proyecto de ley, pensar que una compañera tenía que tomar calmantes nos llevó a decir basta», dijo Liliana Leyes, redactora de la iniciativa y secretaria de Formación en ATE Rosario y de Género en ATE Santa Fe.
Leyes dijo a Télam que el espíritu de la ley «no sólo pasa por la licencia», y que lo que se busca es «prevenir y erradicar la violencia contra la mujer».
«Estamos marcando un camino para que a las mujeres dejen de llamarlas locas y se sepa que se toman licencia por violencia de género, lo que para nosotras significa poner las cosas por su nombre y que haya datos oficiales y un seguimiento con profesionales que ayuden a resolver», explicó.
Para la dirigente el proyecto, que se basa en el que fue presentado en la Legislatura de Santa Fe el pasado 5 de agosto por la diputada Verónica Benas, de Pares/UP junto a la CTA provincial, busca «desterrar el patriarcado y la cultura machista por la que estamos atravesadas» y «visibilizar el tema en el país para empoderarnos».
«El año pasado se registraron en el país 256 muertes por femicidios, pero son incalculables las mujeres que día a día sufren violencia y no hay datos oficiales que las contemplen, por eso estamos trabajando para prevenirla y erradicarla», apuntó.
La propuesta será presentada oficialmente por el diputado de la Unidad Popular, Víctor De Gennaro, el 25 de noviembre, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En la Argentina la ley nacional 26.485 busca erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, aunque «el mundo del trabajo parece ser todavía ajeno a esta normativa», subrayaron las impulsoras del proyecto.
«Pensamos esta licencia porque la mayoría de las compañeras víctimas de violencia debía recurrir a una licencia psiquiátrica para justificar la ausencia a su lugar de trabajo, lo que invisibiliza la problemática y la pone en el plano de lo personal», dijo María José Gerez, secretaria de Género de la CTA rosarina.
La militante sostuvo que la licencia psiquiátrica «estigmatiza» y remarcó que «hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, porque lo que les pasa a esas mujeres es estructural, social y habla de relaciones de poder desiguales entre el hombre y la mujer».
«Hay que abordar esta problemática que es un flagelo grande y empezar a dar respuestas. Ninguna provincia tiene datos oficiales y eso tira por tierra la posibilidad de justicia e igualdad para todas», subrayó y agregó que la propuesta «es producto de la lucha y hay que seguir debatiéndola para que salga y se cumpla».
El proyecto busca «extender el derecho de licencia laboral por violencia de género en todo el sector estatal» y «cuenta con la firma de 11 diputados provinciales, pero aún no se avanzó en su discusión en comisiones; estamos luchando por su aprobación nacional incluyendo a todas las trabajadoras del país, no sólo a las estatales, comprendiendo a trabajadoras rurales, de casas particulares y establecimientos penitenciarios», precisó Gerez.
La abogada María Terragno, co-redactora del proyecto, detalló que para conseguir la licencia se propone que la justificación no se haga mediante denuncia, sino con certificación de centros de salud o servicios sociales de atención.
Podrá pedirse por dos años -renovables- y contemplará además falta de puntualidad, derecho a reducción de la jornada, reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica y suspensión de relación laboral con reserva del puesto de trabajo.
«El empleador debe además proteger el derecho a la intimidad de la mujer víctima de violencia, no reducir su remuneración y no sancionarla por haber hecho uso de esos derechos laborales», apuntó.
Silvia León, secretaria de de ATE nacional, agregó que presentar un proyecto de ley sobre la mujer trabajadora «es un orgullo, porque no es lo mismo que ser un varón trabajador».
«Padecemos una doble represión: de clase y de género. Poner este tema en el Parlamento es un paso importantísimo para garantizar que la mujer que sufre violencia tenga amparo legal en el ámbito laboral, lo que constituye una lucha imprescindible y un homenaje a las compañeras asesinadas», subrayó.
De la presentación participaron sindicatos, organizaciones sociales, de mujeres y feministas, diputados provinciales y nacionales y espacios de género y diversidad.
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