La Otra Voz Digital Directora Marta César
El conflicto por las tierras de Lago Escondido se inscribe en un entramado más amplio de disputas judiciales que exponen el avance sostenido de intereses privados y extranjeros sobre territorios estratégicos de la Patagonia Argentina.
Entre ellas, continúa sin resolución efectiva la demanda para garantizar el acceso público al lago a través del camino de Tacuifí, un reclamo histórico que evidencia la tensión entre el acceso público al propio territorio nacional, los derechos colectivos y apropiación privada bajo condiciones fraudulentas.
En este contexto, la administración de Javier Milei decidió cerrar la acción de lesividad iniciada por el Estado en 2023 y acordó con el empresario británico Joe Lewis y la firma Hidden Lake S.A. poner fin al litigio. La demanda buscaba anular la compra de más de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera en Río Negro, donde se encuentra la estancia de Lago Escondido, por considerar que la operación vulneraba el interés público y la normativa vigente.
El origen de la causa se remonta a investigaciones oficiales que señalaban que la adquisición, realizada en 1996, habría sido concretada mediante una estructura de empresas pantalla y testaferros para sortear las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros en áreas sensibles. Sin embargo, en enero de 2026, en plena feria judicial, un juzgado contencioso administrativo federal homologó un acuerdo conciliatorio entre el Estado y Hidden Lake, desactivando el proceso antes de que se resolviera el fondo de la cuestión.
La decisión no solo interrumpe una estrategia estatal que hasta hace poco sostenía la nulidad de la operación por considerarla fraudulenta, sino que también refuerza un patrón de repliegue institucional frente a actores económicos concentrados. El expediente, además, pasó a tener acceso restringido, lo que alimenta cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo y sobre las condiciones en que se resolvió el conflicto.
El cierre del litigio se produjo en paralelo a movimientos clave dentro del sistema judicial, como la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y el envío al Senado del pliego de Carlos Mahiques para su continuidad en la Cámara de Casación Penal. Ambos habían participado del controvertido viaje a Lago Escondido en 2022, junto a jueces, fiscales y directivos empresariales, episodio que reforzó las sospechas sobre vínculos entre sectores del poder judicial, político y corporativo.
Mientras tanto, organizaciones sociales y actores políticos advierten que el acceso al lago continúa restringido, en contradicción con el principio de libre circulación por bienes naturales.
