La Otra Voz Digital Directora Marta César
La reforma del gobierno conservador español que suprime casi el aborto, denunciada por la oposición, suscita también un malestar creciente dentro del partido de Mariano Rajoy, donde algunos reclaman directamente la suspensión del proyecto de ley.
Contrario a la reforma, el grupo del Partido Popular (PP, derecha) en el parlamento regional de Extremadura, dio un nuevo paso este miércoles presentando un texto en el que pide «no avanzar en la tramitación del anteproyecto de ley del aborto en tanto no se haya consumado el diálogo y alcanzado acuerdos de consenso con otras fuerzas políticas».
«El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate político, ético o sociológico que no contemple como punto de partida irrenunciable la libre decisión de las mujeres», afirmaba el texto.
Promesa de campaña de Rajoy en 2011 pero varias veces aplazado desde entonces, el proyecto de reforma de la ley del aborto fue aprobado por el consejo de ministros el 20 de diciembre y debe ahora ser corroborado por el Parlamento, donde el PP dispone de mayoría absoluta.
El nuevo texto, que fue denunciado como un retorno 30 años atrás por las feministas y la izquierda, modifica la ley aprobada en 2010 bajo el anterior gobierno socialista, que permitía el aborto hasta las 14 semanas a todas las mujeres y hasta las 22 semanas en caso de malformación del feto.
La reforma anula estos plazos y recoge solo dos casos en los que la interrupción del embarazo será legal: violación o «grave peligro» para la salud física o psíquica de la madre.
La iniciativa del PP extremeño se inscribe en la postura de su presidente regional, José Antonio Monago, uno de los primeros barones del partido de Rajoy en criticar abiertamente la medida. Pero no el único.
Claramente contraria al proyecto, la diputada conservadora Celia Villalbos pidió a su partido la libertad de voto en este tema.
Y el presidente regional de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, reclamó que la reforma sea modificada para lograr «una ley de mayor consenso» político.
Pese a criticar aspectos de la regulación de 2010, una de la leyes faro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como permitir abortar a adolescentes de 16 años sin conocimiento de sus padres, la delegada del ejecutivo de Rajoy en la región de Madrid, Cristina Cifuentes, se declaró más partidaria de una ley de plazos.
El PP se negó el martes a abrir un debate de urgencia con la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardon, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra de Sanidad Ana Mato.
Según el procedimiento previsto, el texto debería llegar dentro de unos dos meses al Parlamento donde el trámite podría alargarse hasta el otoño.
«Está claro que habrá cambios» en el anteproyecto presentado por Ruiz-Gallardón, aseguró el miércoles el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso.
Enzarzada en una dura campaña contra la reforma, la oposición socialista vio en la iniciativa del PP de Extremadura el símbolo de las «contradicciones» en el seno del partido gubernamental.
Según afirmó, 92% de las mujeres que abortan actualmente ya no podrán hacerlo en España.
Otras formaciones de la oposición también pidieron la suspensión del proyecto.
El gobierno y los socialistas prevén ahora llevar el debate ante el Parlamento Europeo, donde ambos tienen apoyos.
La socialista francesa Najat Vallaud-Belkacem, ministra de los Derechos de la Mujer y portavoz del gobierno galo, denunció el domingo los «lobbies muy conservadores» que operan en Europa y pidió que «las libertades fundamentales» como el derecho al aborto entren en el debate de las próximas elecciones europeas.
Por su parte Ruiz-Gallardon consideró que la suya es «la primera ley que refleja la opinión mayoritaria de los ciudadanos europeos».
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