La Otra Voz Digital Directora Marta César
La fiscal Alejandra Mángano hizo foco en el caso del anestesista Gerardo Billiris, condenado a 14 años de prisión por abusar de tres mujeres y por suministro de estupefacientes, además de haber intentado matar a una de las víctimas mediando violencia de género. La cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas participó de una jornada en la Facultad de Derecho de la UBA sobre el caso Pèlicot.
La fiscal Alejandra Mángano, a cargo junto a Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), participó hoy de la jornada “Lecciones del caso Pèlicot, Diálogo entre Francia y Argentina”, llevada adelante en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde al exponer sobre un caso local de sumisión química -el del condenado anestesista Gerardo Billiris-, destacó la importancia de evaluar el contexto en el que ocurrieron los hechos y de advertir la desigualdad estructural que suele darse entre víctimas y victimarios.
El caso Pèlicot es una causa judicial cuyo juicio se realizó entre septiembre y diciembre de 2024 y que llevó al tribunal de Aviñón a condenar a 20 años de prisión a Dominique Pèlicot por drogar y abusar de su exesposa Gisèle y por reclutar a más de 50 hombres para que abusen de ella durante diez años.
En ese marco, la representante del MPF consideró que debía analizarse el rol de los victimarios y por qué deciden compartir y llevar adelante ese tipo de prácticas ilegales. Allí, a raíz de los puntos en común que encontró con el hecho ocurrido en Francia, puso de ejemplo el caso del anestesista Billiris, condenado en 2019 a 14 años de prisión por los delitos de «homicidio agravado por haber sido cometido mediando violencia de género en grado de tentativa, suministro de estupefacientes para uso personal reiterado en cuatro oportunidades, abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal y facilitación de un lugar para el suministro de estupefacientes, en perjuicio de tres víctimas mujeres».
El caso Billiris
En enero de 2017, Birillis conoció a través de la aplicación “Tinder” a la víctima M.B.T., a quien le ofreció trabajo vinculado a la transcripción de papeles manuscritos. Ella aceptó la propuesta y el anestesista la convocó a su domicilio en el cual tuvieron tres encuentros: en el último de ellos, el 30 de enero de 2017, el hombre la golpeó brutalmente. La situación fue interrumpida por los gritos de un vecino y la joven fue rescatada por personal policial que la encontró gravemente herida.
A raíz de este episodio, otra joven pudo ver la cara de Billiris en distintos medios de comunicación y lo identificó como quién la agredió sexualmente años atrás. Eso funcionó como un puntapié inicial para formalizar la denuncia en su contra por suministro de estupefacientes y abuso sexual agravado. Además, aportó videográfico donde se podía ver como Billiris y otro hombre (el relacionista público Martín Mercado) le inyectaban sustancias anestésicas tanto a ella como a una tercera víctima.
Durante el juicio y la etapa de Casación se determinó además que Mercado y el corredor de seguros Cristopher Martín Rosenthal abusaron y se aprovecharon del estado de vulnerabilidad de otra víctima que se encontraba en estado de inconsciencia por la influencia de sustancia estupefaciente que le había suministrado el relacionista público.
La fiscal Alejandra Mángano en uso de la palabra durante su exposición sobre el caso del anestesista Gerardo Billiris. Foto: M. Pellón
En su exposición de hoy, Mángano hizo foco en el rol que tuvieron las denunciantes, que no solo brindaron su testimonio, sino que también aportaron distintas pruebas.
En esa instancia del proceso, el Ministerio Público Fiscal había resaltado la importancia de evaluar el contexto en el que tuvieron lugar los hechos y el encuadre de violencia de género, algo que fue tenido en cuenta por los camaristas.
“Tanto Billiris como Mercado elegían pormenorizadamente con quienes relacionarse a los fines del consumo de estupefacientes y vínculos sexuales, esto es, mujeres muy jóvenes a quienes suministraban drogas de manera deliberada, incluso, sustancias que ellas mismas desconocían y superaban su marco de consentimiento, llegando al punto de dejarlas en estado extremo de inconsciencia -y vulnerabilidad-, propicio para su abuso sexual; en resumen, se valían de su madurez etaria y física para perpetrar los más atroces hechos contra las mujeres víctimas”, sostuvieron en la resolución.
En ese sentido, la fiscal Mángano marcó durante su alocución que Casación abordó la desigualdad estructural que había entre víctimas y victimarios, evidenciada en la diferencia de edad, en la situación económica e incluso en las ofertas laborales que había hecho el imputado.
Durante la jornada también expusieron el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara; la embajadora de Francia para los Derechos Humanos, Isabelle Rome; la ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Claudia Sbar; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; la profesora consulta de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UBA, Adelina Loiano; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, Susana Medina; y la directora interregional de la Protección Judicial de la Juventud en el sur de Francia, Sonia Pallin.
La actividad cerró con las exposiciones del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand y el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.
