La justicia federal busca investigar el brutal crimen de una joven jujeña

El cuerpo torturado y con signos de abuso sexual de Romina Aramayo apareció hace más de siete meses a la vera del canal que conduce al dique derivador de Los Molinos, en San Salvador de Jujuy. En la causa por “homicidio calificado agravado por violencia de género” que conduce el fiscal provincial Carlos Farfán, no hay detenidos, ni imputados. Ahora, las sospechas de su padre, Juan Aramayo, cobraron sentido: el nombre de su hija aparece en uno de los libros de registro que prolijamente confeccionaba el dueño de Wolf Night Club Vip, un prostíbulo que funcionó con la venia policial hasta septiembre pasado, a la vera de la ruta 1, en el kilómetro 47. Justo frente a la penitenciaria de mujeres, en la capital jujeña. Ese hallazgo hizo que la justicia federal pusiera la mira sobre el caso y evalúa reclamar su competencia.

Romina se despidió de su familia y de su hija de 8 años el viernes 4 de abril. Se fue enojada con Juan, su papá, porque él no quería que volviera a recorrer los cien kilómetros que separan a Libertador San Martín de la capital provincial, donde les decía que trabajaba como moza o vendiendo panes. “A mí me deben 15.000 pesos de un arquitecto, Nico sabe”, dijo antes de irse. Se refería a Nicolás Villarruel, el hombre con el que tuvo una hija -una nena de ojos negros y grandes como los suyos- y, tal vez, a quien había dedicado el tatuaje que llevaba en la espalda: “El verdadero amor perdona”.

Romina tenía 25 años, no había terminado el secundario. Y, para afrontar sus gastos, en la temporada de la fruta, de julio a septiembre, trabajaba en uno de los empaques de la empresa Ledesma, en Calilegua. Con el tiempo, empezó a viajar a la capital, le decía a su familia que era “para hacer trabajos temporales”. A Juan no le gustaba que “anduviera” en fiestas con policías, como vio en el Facebook de su hija. Eso fue motivo de discusión y ella lo eliminó como “amigo” en esa red social.

Juan tenía miedo. Seis meses antes de su último viaje la vio llegar asustada. Romina le contó que un hombre había intentado violarla y que ella le pegó un botellazo en la cabeza para defenderse. “Llegó asustada y se pintó la cabeza, se cambió el color de pelo”, recordó Juan y fundó su presunción: “Si esto hubiera ocurrido en un baile o casa de familia, la policía la podría haber venido a buscar, para mí que fue el prostíbulo”.

El sábado 5 de abril dejaron de recibir los mensajes de Romina y se alarmaron. “Ella no era así, siempre mandaba mensaje”, recordó Juan. El domingo hicieron la denuncia. Primero en su pueblo, después en San Salvador. Y empezaron a llamar a los hospitales, a las comisarías e insistentemente al hotel Rany’s, cerca de la terminal. Ahí les confirmaron que Romina había estado con otra chica, que por la descripción asociaron con Jésica Pantoja, la última que la habría visto con vida. Las dos habrían estado desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado en el prostíbulo.

Cuatro días después, el 10 de abril, un trabajador de la empresa Cartellone – Roggio, que trabaja en la reparación del dique, encontró el cuerpo de Romina. Estaba detrás de unos pastizales, cerca de una casilla de seguridad abandonada. Los animales carroñeros ya lo habían atacado. Pero, los forenses encontraron señas de que le abrieron las piernas y le colocaron una estaca en su vagina: una forma de tortura que los represores usaron en los centros clandestinos de detención, en la última dictadura. “Actuaron con ensañamiento, tiene marcas de golpes en todo el cuerpo”, dijo a Infojus Noticias el abogado de la familia, Alejandro Gurrieri.

Homicidio vinculado a la explotación sexual

En la pesquisa de la fiscalía de Investigación 3, que conduce Carlos Farfán, no hay sospechosos por el asesinato de Romina. Tampoco medidas especiales de protección a su familia, pese a que todas las mujeres dieron su testimonio confirmaron que la última noche que vieron a Romina con vida, estuvo en Wolf Night Club Vip. El prostíbulo de Roberto Fontanet, procesado en 2013 por el delito de trata, en una causa que lleva desde 2011 la justicia federal, y que este año fue elevada a juicio.

Esa investigación, en manos del titular del Juzgado Federal 1, Mariano Cardozo, empezó por la denuncia anónima de unas mujeres colombianas. Cuando Fontanet declaró dio pistas que fueron desoídas en la etapa de instrucción. “Las chicas colombianas están asentadas en el libro de la policía”, le contó a los interrogadores y dijo que él “siempre” tenía a las chicas “en el libro” porque “son las que están habilitadas para trabajar”.

“¿Cómo puede ser que tenga una denuncia por secuestro con amenaza de muerte?, se preguntaba y contó que él mismo se ocupaba de llevarlas para que se registren porque “la policía concurre a su local en forma seguida, más o menos una o dos veces por mes para cotejar la concordancia entre las chicas registradas en ambos libros, iba la División de Trata de Personas de la Policía”.

El tío de Romina, Fredy Aramayo, contó que “cuando alguien se roba una gallina en Jujuy, se sabe quién fue y en el Wolf todos veían que la policías descargaba las bebidas y estaban ahí de custodios”.

Con todos esos elementos en la mano, el titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), el fiscal general Marcelo Colombo; y el jefe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), el fiscal general Abel Córdoba, presentaron un pedido para que la justicia federal tome el caso.

Si las pruebas consolidan la hipótesis que vincula la muerte de Romina con una red de trata y explotación sexual con protección de la policía provincial, se solicitará a la justicia provincial que se inhiba de seguir investigando. Hasta ahora no hay resultados en el expediente. Hoy se hicieron los primeros allanamientos en la capital jujeña y en uno de los libros de donde Fontanet y la policía registraban a las mujeres explotadas en el prostíbulo, está el nombre de Romina. Eso deja la causa a un paso de quedar en manos del titular de la Fiscalía Federal 2 de Jujuy, Pablo Pelazzo.