La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una investigación y logró elaborar un protocolo de intervención en los casos de búsqueda de personas y raíz del trabajo realizado pide la creación de un registro federal para la búsqueda de personas, además de un sistema de alerta temprana y una base de ADN.
La elaboración del protocolo surgió a raíz de un pedido de la Fundación María de los Ángeles de la provincia de Tucumán, por la búsqueda de una joven en la que se habían detectado falencias y obstáculos en los mecanismos institucionales, tanto nacionales como provinciales.
Fue así como el Secretario General Carlos Haquim, consideró la posibilidad de elaborar el protocolo y solicitó a la oficina de Trata de Personas y Migrantes que analizaran los organismos, los mecanismos y los circuitos existentes para pedir luego la creación de un registro federal para la búsqueda de personas.
En la actualidad, el único registro existente en el país es el de Personas Menores de Edad Extraviadas, y que no cuenta con una base de datos que concentre y provea un flujo de información respecto de personas adultas.
Luego de estudiar el caso a pedido de la Fundación María de los Ángeles, la Defensoría consideró que el nuevo protocolo debería articular su gestión con las jurisdicciones provinciales y municipales, buscando generar redes de cooperación tanto con el nivel gubernamental como con la sociedad civil.
Esas deficiencias, dicen desde la Defensoría, «atentan contra la eficacia y resolución de los casos de desaparición o extravío de personas y, no solamente implican angustia y desesperación por parte de las familias, sino que a veces son el antecedente de delitos como la trata y explotación sexual de personas, secuestros extorsivos u otras formas de privación ilegal de la libertad».
Desde la institución, consideran que para un país con más de 42 millones de personas «debe existir un Registro Nacional de Personas Extraviadas Adultas que además incluya los datos de cadáveres no identificados y de personas extraviadas, con capacidad para organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, capaz de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o la ubicación de su familia y lugar de residencia».
Para dar cuenta de la falta de interconexión de los datos entre las provincias, la Defensoría mencionó casos de personas que al parecer ya nadie busca: Sofía Herrera (2008), Florencia Pennachi (2005), Evelyn Espinosa López (2010), María Cash (2011), Nahuel Cristian Quevedo (2008), Fernanda Aguirre (2004), María de los Ángeles Verón (2002).
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