A horas de la Marcha en contra del Fallo de la Corte Suprema de Justicia

El Senado busca convertir en ley el límite del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad

A pocas horas de que realice la marcha convocada desde distintos sectores contra el polémico fallo de la Corte que benefició a un represor con el 2×1, el Senado se apresura a dar un fuerte señal política y convertir en ley el proyecto que limita esa posibilidad.

Imagen : minutouno

El Senado de la Nación comenzó a sesionar poco después de las 10.30 de este miércoles para intentar convertir en ley el límite a la aplicación del 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa recibió media sanción en Diputados en la noche del martes por una abrumadora mayoría y un solo voto en contra, el del diputado salteño aliado del PRO, Alfredo Olmedo.

El proyecto, consensuado entre todos los bloques de la Cámara Baja, establece que el beneficio del 2×1 en el cómputo de la pena «no es aplicable» a los condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

El texto que recibió media sanción en Diputados indica además que ese beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001 -es decir, durante el período de la vigencia de la ley-, y por último, se deja asentado que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.

Antes del inicio de la sesión especial, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, criticó la marcha convocada para esta tarde contra el fallo. Consultado por los medios Pinedo aseguró que no participará de la movilización porque «puedo no compartir la decisión de un juez pero eso no quiere decir que tenga que hacer marchas en contra. Hay que respetar la independencia de poderes«. Y sentenció: «Yo no voy a marchar, yo voy a cumplir con mi función».

El referente del PRO insistió en que «hay que respetar las opiniones de la Justicia» y defendió el polémico fallo de la Corte Suprema. «No cabe duda que (Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, quienes votaron a favor del beneficio al represor Luis Muiña) actuaron de buena fe».

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