La Otra Voz Digital Directora Marta César
Castiga con un año a cuatro de prisión al que utilice los servicios sexuales de personas que sean víctimas. Y sube la pena hasta 15 años si es menor de 13. «Viene de varias centurias», dijo Aníbal Fernández, autor de la iniciativa.
El Senado aprobó y giró a la cámara baja el proyecto de ley que castiga «a quien utilice o procure los servicios sexuales de personas víctimas de trata de personas», con condenas que van de uno a cuatro años de prisión, y las aumenta hasta 15 años en los casos en que se compruebe que la víctima es menor de 13. Fue aprobado por 40 votos afirmativos y una abstención, de la senadora por el Frente Cívico de Córdoba, Norma Morandini, que tomó esa decisión porque consideró que «no se ha convocado a las organizaciones que trabajan este tema».
Lo que indica la propuesta legislativa, que busca modificar el Código Penal y agregarle el artículo 145 quater, es el castigo, con una pena de «uno a cuatro años de prisión», a quien «utilice o procure los servicios sexuales» de una persona «sabiendo o debiendo saber» que es «víctima de la trata de personas»; y aumenta las penas de «cinco a diez años para los casos en que la víctima sea menor de 18 años» y de «seis a quince años» cuando la víctima sea menor de 13 años.
En su exposición, el senador Aníbal Fernández, autor del proyecto, explicó que «el delito de trata viene de muchos años en el país, varias centurias. La Asamblea del año XIII exhibe como logro la no aceptación de nacimiento de esclavos», pero le dijo no «a la gran propuesta de Artigas que decía que todo esclavo debe ser libre», y subrayó que, hasta hace un tiempo, la legislación local atacaba «la trata de blanca porque la trata de negra se permitía».
Aunque ningún senador se pronunció en contra de la propuesta en la votación «en general», sí hubo siete votos que se opusieron a algunos puntos del tratamiento del articulado, porque acordaban con el objetivo pero apoyaban un proyecto de minoría, a cargo de la senadora salteña Sonia Escudero. Ella afirmó: «Este tema hoy es relevante. Hace poco tiempo, quien era intendente de (la localidad salteña) Salvador Mazza, fue encontrado en un prostíbulo y está sospechado de haber cometido el delito de trata porque se dice que sería responsable del traslado de dos de las chicas con las que fue encontrado en un prostíbulo».
También detalló que el intendente que integraba el Partido Renovador de Salta fue destituido por el Concejo Deliberante de su distrito, pero «asombrosamente hoy es candidato a intendente por el Partido Justicialista» a instancias del «gobernador(Juan Manuel) Urtubey», quien –según Escudero– «dijo que sí podía ser intendente por un partido al que nunca había estado afiliado». Entre los antecedentes de quienes defendieron en público los cabarets, se cuenta el legislador santacruceño del Frente para la Victoria, Rubén Contreras, quien se manifestó a favor de la apertura de prostíbulos: «Hay una necesidad que todos sabemos, de distracción, de estar con una mujer», dijo.
Los autores de la iniciativa consideraron que el proyecto aprobado se ciñe «a la letra de la Convención internacional contra la trata de personas». «
Iniciativas que buscan penalizar
Existen varios proyectos de ley que buscan penalizar al cliente. Uno de ellos está cargo de la diputada Marcela Rodríguez, que modificó su propuesta de 2010 para penar a quien pague por el uso sexual, sin distinguir trata de explotación sexual, a diferencia de lo que propone el senador Aníbal Fernández en la iniciativa que ayer obtuvo media sanción. La discusión no está saldada.
Como detalló Tiempo Argentino en marzo de este año, el texto cuenta con la firma de más de diez diputados de distintos bloques, incluyendo oficialismo y oposición, y establece una pena de seis meses a tres años. La diputada Rodríguez le había dicho a este diario que no consideraba posible «distinguir los dos delitos como si no convivieran, como si no fueran las mismas víctimas, los mismas proxenetas, los mismos lugares. Los clientes tampoco distinguen. Para ellos, son intercambiables.»
En lo que coinciden ambos proyectos es en la idea de que una norma que penalice a los clientes ayudará a desalentar la demanda.
En diciembre del año pasado, las 13 absoluciones por el secuestro y desaparición de Marita Verón agilizaron la discusión legislativa y habilitaron la reforma a la ley de trata de personas, de 2008.
144: línea de ayuda telefónica
Otro proyecto que fue votado ayer en la Cámara de Senadores es el que establece la difusión de la línea telefónica gratuita 144, con alcance nacional, asignada al Consejo Nacional de las Mujeres. Atenderá las 24 horas, para brindar contención, asesoramiento e información sobre los recursos disponibles en lo referido a la prevención de la violencia de género, así como la posibilidad de asistir a quienes la padecen.
La norma prevé que el número debe difundirse junto con cualquier publicidad sobre el tema en los medios audiovisuales y que se creará un «Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la Violencia de Género», con el propósito de publicitar los derechos consagrados por la Ley 26.485 de «Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.»
El proyecto de los senadores Aníbal Fernández del Frente para la Victoria y Norma Morandini del Frente Cívico fue aprobado por unanimidad en el recinto.
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