La Otra Voz Digital Directora Marta César
El protocolo lanzado en junio de 2015 fue eliminado de la página web del Ministerio de Salud de la Nación este miércoles. El mismo reflejaba la posición del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a casos de “aborto no punible”, en términos de la nominación que plantea el Código Penal, y lo plantea(ba) como un derecho.
Trabajadores del Ministerio a cargo de Jorge Lemus aseguraron que se trató de “una orden de arriba”. El protocolo, como escribió en Notas la médica Stella Maris Manzano en su momento, habla (¿hablaba?) “del derecho al aborto, habla de su generalización, de que debe ser accesible a la mayoría de las personas, y no algo excepcional, destinado a unas pocas que entran en escasas y confusas causales”.
“El fallo FAL aclaró definitivamente que en el caso de violación toda mujer, niña o varón trans, tiene derecho al aborto, con sólo firmar una declaración jurada”, había explicado la especialista en ginecología y medicina legal. Manzano, quien es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho al Aborto, también destacaba que con el protocolo el Ministerio se hacía cargo “de la realidad epidemiológica del país”.
El ex ministro de Salud de la gestión anterior, Daniel Gollán, indicó en más de una oportunidad que se realizan 500 mil abortos por año en la Argentina. Naciones Unidas solicitó este año al Estado nacional que “revise la legislación”. Claro, no se refería a restringir el acceso al derecho o eliminar protocolos de atención, sino a ampliarlo y “asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.
Jorge Lemus, el titular de la cartera de Salud había sido forzado a renunciar del mismo cargo en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de varios conflictos, entre ellos, la creación de un protocolo local en 2012 -pasando por encima de lo votado por la Legislatura- que fija fuertes restricciones al acceso del aborto no punible. Aunque en un primer momento fue suspendida su aplicación por la Justicia porteña por no adecuarse al fallo de la Corte Suprema, luego de una apelación, el protocolo está vigente.
El protocolo porteño plantea, por ejemplo, la intervención de un equipo interdisciplinario ante cada caso potencial de aborto y que el director del hospital confirme el diagnóstico y la procedencia de la práctica en caso de que el embarazo implique un peligro a la vida o a la salud de la mujer.
“Yo estoy en contra del aborto”, afirmó en julio de este año.
Manzano aseguraba entonces que el protocolo colocaba a la mujer como sujeto de derecho y con capacidad de decidir si continuar o no su embarazo. “Todas las mujeres o varones trans ponemos en riesgo nuestra salud y vida en cada embarazo y parto, y por lo tanto somos personas con derecho a reclamar un aborto legal, ya que es muchísimo menos riesgoso que llegar al parto”, explicaba.
Además, si bien permitía la objeción de conciencia, aclaraba que “todo médico tiene deber de informar sobre el derecho al aborto (cosa que ningún objetor hace en ningún lugar del mundo), y que sólo puede negarse a realizar ese aborto si deja a la mujer en manos de otro médico. Si no lo encuentra, está obligado a realizarlo él mismo”. “Esto es muy importante, debido a que en ningún otro caso se nos permite a los médicos poner nuestra ‘moral’ por encima de los derechos básicos de las personas”, aseguraba Manzano.
La médica finalizaba celebrando que el protocolo del Ministerio de Salud, sacaba “por fin al aborto de la clandestinidad” y obligaba “a los profesionales de la salud a recetar misoprostol, a hacer los abortos haciéndose cargo del cuidado de las pacientes, en vez de trabajar ‘con criterio de reducción de riesgos y daños’, dejándola sola a la hora de conseguir la medicación y de lidiar con las eventuales complicaciones”.
En un marco donde desde el sistema de salud, en conjunción con el poder judicial, se criminaliza a jóvenes en todo el país por interrumpir sus embarazos, o simplemente por sospechas o acusaciones vacías, como el caso de Belén en Tucumán, el movimiento de mujeres se encuentra alerta por la eliminación de este protocolo que hasta el momento garantizaba un marco institucional de acceso a derechos en los hospitales y centros de salud públicos.
Imagen :notas.org
