La Otra Voz Digital Directora Marta César
Así lo indicó María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), quien se refirió al caso de los jóvenes fallecidos en San Miguel del Monte tras ser perseguidos por la Policía Bonaerense, los abusos por parte de las fuerzas represivas, y aseguró que en Salta “hay muchos casos que ni siquiera han tenido trascendencia”.
“Hace no mucho tiempo atrás hablábamos del fusilamiento de un chiquito de 12 años en Tucumán, Facundo Ferreira, y decíamos que cuando la víctima de gatillo fácil es un niño de esa edad queda mucho más crudamente expuesta la política represiva del Estado”, remarcó Verdú al afirmar sobre el caso de San Miguel del Monte: “Aquí sucede lo mismo multiplicado por cinco, de allí la enorme repercusión y visibilidad que ha tomado el hecho, agregado también al detalle, nada menor, de que por tratarse de una ciudad donde cada uno se conoce, tampoco pudieron instalar ningún tipo de versión de las que habitualmente vemos en la prensa hegemónica de lo del presunto delincuente abatido por las fuerzas del orden”.
“Por algo los vecinos y vecinas salieron masivamente desde el primer momento a denunciar que esto había sido una persecución absolutamente ilegal, en el marco de la cual se produjeron disparos con armas de fuego”, agregó la mujer quien subrayó que “lo que tiene este caso de más estremecedor es la condición de niños y niñas de las víctimas”.
Asimismo, remarcó que el hecho “pone de manifiesto algo que estamos denunciando todos los días, cada vez con mayor frecuencia, en particular en los últimos cuatro años, donde la política del gatillo fácil, de la represión policial de control social a través de la militarización en los barrios, con las detenciones arbitrarias, las torturas, etcétera, se ha profundizado como nunca antes lo habíamos visto en la historia de nuestro país, con una expresa directiva de los gobiernos nacionales y de las distintas provincias, como lo demuestran todo el episodio Chocobar, la defensa cerrada de Prefectura en el caso Rafael Nahuel o Gendarmería en el caso de Santiago”.
“No es un Ministro, es un gobierno nacional”, aseveró Verdú haciendo referencia a la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que en diciembre del año pasado autorizó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. “Habilita a la policía a hacer exactamente lo que hicieron en Monte, a disparar a pura discrecionalidad de lo que les parezca a ellos necesario. Lo discutimos en su momento, cuando normativizó como resolución ministerial lo que ya había sido denunciado en la conferencia de prensa, donde nos enteramos de esta nueva doctrina, calificada por la Ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) como su nueva política pública de Estado, la doctrina Chocobar”, enfatizó.
Y advirtió: “Es también lo que quieren incorporar al Código Penal, a través de la reforma del artículo 34, sancionando la absoluta impunidad de cualquier miembro de una fuerza de seguridad que utilice el arma reglamentaria dentro de los marcos de lo que le ordena el Poder Ejecutivo”.
“Más allá de que en el caso de Monte la Ministra se vea obligada, por la transparencia de los hechos, que están filmados, y trate de encontrar alguna argumentación como esto de que la culpa es de los vecinos de Monte porque no quieren a la Policía, también en esa misma entrevista dijo, por ejemplo, que Correpi inventó el relato sobre la desaparición, tortura y muerte de Luciano Arruga, lo que más allá de ser una absoluta falsedad, es una verdadera injuria a la memoria de Luciano y a la de todos los pibes y pibas asesinados por el aparato represivo estatal, y al lucha de sus familias organizadas. En ese sentido, nos sentimos profunda y totalmente agraviados en Correpi. También señaló que el problema que tiene la policía es que no puede estar tranquila porque Correpi los persigue, ahora resulta que es culpa nuestra”, continuó con su análisis la titular de la Coordinadora.
En cuanto a los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad, la referente puntualizó: “Es una cifra que no se nos puede ir de la cabeza porque el 15 de marzo, cuando hicimos la presentación del informe de la situación represiva 2.018, vimos que el gobierno de Cambiemos ha batido hasta su propio récord, que parecía imposible de incrementar en tan corto tiempo, con una muerte en manos del aparato represivo estatal cada 21 horas”. Dijo que en el caso de Salta “hay muchos casos que ni siquiera han tenido trascendencia”, y añadió: “En el relevamiento que presentamos y que está publicado en nuestra página web se verifica que en los primeros 1303 días de gobierno de Cambiemos, las víctimas registradas por casos de gatillo fácil muerte por torturas en lugares de detención, etcétera, son 1536. No hace falta una calculadora para decir que hablamos de más de un caso por día”.
“Abuso significa un uso excesivo de algo cuyo uso correcto está bien”, aclaró Verdú para concluir: “Acá no estamos hablando de abuso, por que no hay un uso correcto en el inicio. Así como no hubo abusos en la dictadura tampoco los hay durante el sistema democrático, cuando de lo que estamos hablando es de las políticas represivas del aparato represivo estatal. Estamos hablando de represión estatal, no hay otra forma de calificar. Cuando hablamos de gatillo fácil, de muerte en la tortura, de detenciones arbitrarias, hablamos de represión, no es solamente violencia institucional”.
