La Otra Voz Digital Directora Marta César
Elena Rivero, integrante de la Asociación Coca Gallardo y de la Mesa Provincial de Derechos Humanos, habló sobre la acción de hábeas corpus colectiva que se interpuso ante la brutal represión a las familias del asentamiento de Barrio San Calixto (Ampliación Parque La Vega) sufrida el 25 de agosto.
Rivero manifestó que desde su espacio están en constante comunicación con las familias de la toma, acompañándolos en diversas gestiones y pedidos. “Es un derecho humano fundamental el acceso a la vivienda. No han tenido respuestas ni de los que están encargados de dar los lotes, ni del gobernador, ni de nadie. La gente logró la organización dentro del predio, tienen un merendero, atención de salud; y la policía impidió tener atención médica porque no dejaban ingresar a los equipos”, dijo.
El martes, la Policía Provincial realizó una represión brutal sin orden judicial y la gente desprevenida. Hubo algunos incidentes previos por una señora que intentó ingresó un pallet, y un hombre que intentó llevar un cartón. Las familias dentro del predio empezaron a resistir ante el avance de la policía, y la comisaria a cargo del operativo llamó a Infantería.
“Llegaron como 20 camionetas y furgones. Empezó la represión con balas de goma, balas de plomo y gas lacrimógeno tirado agresivamente. Como resultado de ello, hay como 100 personas heridas y una cantidad de niños y mujeres que se habían refugiados en el merendero también fueron afectados, sin los víveres que tenían almacenados para cocinar”, explicó Rivero.
Ante la situación, desde los organismos de Derechos Humanos se interpuso una acción de hábeas corpus colectiva ante el Tribunal de Impugnaciones Sala N°1, a cargo de la doctora Virginia Solorzano. “Damos algunos nombres, de los referentes que están ahí y todas las personas que están en el predio, pidiendo que la policía y el gobierno de la provincia se abstengan de intervenir y mucho menos de propiciar otra intervención policial de este tipo que ha dejado a toda esa gente absolutamente preocupada, además de herida, lesionada y sin sus derechos básicos respetados”, informó la referente de DDHH.
La Secretaría de Derechos Humanos de Nación presentó una denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos de la Provincia por abuso de autoridad, vejaciones, apremios ilegales y tentativa de homicidio. Hasta el momento, no hubo ninguna respuesta del poder político provincial.
Sobre el decreto 255, Rivero recordó que se realizó una presentación en la Corte de Justicia y se pidió una audiencia con el presidente de la Cámara de Diputados, pero no hubo respuestas.
“Hay una trama de responsabilidades que tiene que ver con el gobernador Sáenz, pero también con el poder judicial y el poder legislativo que asisten a este avance represivo de la policía que parece no tener límites. Lo único que hemos logrado es que se habilite un sitio web para que la gente pueda hacer denuncias sobre la violencia policial directamente en la Fiscalía de Derechos Humanos. Es un pequeño avance, pero sirve. La gente de los barrios tiene mucho miedo de ir a la comisaría a denunciar”, expresó Rivero y agregó que la fiscal Verónica Simesen de Bielke tuvo buenas actitudes.
“No estamos en contra de la cuarentena, pero la cuarentena y el aislamiento no puedo ser excusa para la represión y la violación de los Derechos Humanos, y las garantías constitucionales. Ya estaremos en la calle nuevamente, para que la gente salga y exprese lo que está viviendo”, finalizó.
