La Otra Voz Digital Directora Marta César
Es la primera vez que una mujer de carne y hueso, llega hasta esta instancia, expresa Verónica Cruz de la Organización Civil Las Libres.
La Suprema Corte de Justicia mexicana decidió revisar el caso de una mujer detenida en el estado de Veracruz por el delito de aborto, cuando acudió a un hospital para ser atendida de emergencia, tras presentar complicaciones de salud a consecuencia de una interrupción del embarazo clandestina.
“Johana” –quien pide no revelar su identidad– es una de las más de 53 millones de personas pobres en México y fue arrestada por abortar, pese a que el Código Penal veracruzano no establece la reclusión, sino “la aplicación de medidas educativas y de salud” en libertad, explica Verónica Cruz, de la organización Las Libres, que brinda asistencia de derechos humanos a la víctima.
Según la activista, “el tema de fondo son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, su tratamiento en la legislación penal. Lo que se espera es que definan si es constitucional criminalizar la interrupción del embarazo”.
Johana, además de ser detenida en una agencia del Ministerio Público, fue víctima de extorsión por parte de autoridades y después de pagar “un tipo fianza”, fue liberada, cuenta Cruz.
El litigio del caso lo ha llevado la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a cargo del abogado Javier Cruz Angulo, quien destaca que la relevancia del asunto radica que por primera vez en el país se abordará la constitucionalidad o no de las leyes punitivas en materia de aborto no de manera abstracta, sino mediante el caso específico de una mujer criminalizada en México.
Y mientras la Primera Sala de la Corte designa al ministro ponente del caso, Johana admite sentirse contenta de que el máximo tribunal del país haya decidido abordar su problemática, resalta su abogado.
En 2007, se aprobó en el Distrito Federal la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación y después de ser impugnado por grupos opositores, este marco jurídico fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la legislación solo es vigente en la capital del país, por lo que en el resto del territorio mexicano (31 estados) continúan los abortos clandestinos.
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