La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Argentina pidió a Rossana Chahla, ministra de Salud de Tucumán que se inicie la investigación administrativa al equipo de salud que intervino en el caso de Belén. Buscan dilucidar responsabilidades por la violación del secreto profesional, la violencia institucional psicológica ejercida sobre Belén e incumplimientos de la ley de derechos del paciente. La Mesa por Libertad Para Belén adhirió y presentó el expediente en el SIPROSA.
Apenas fue conocido el caso de Belén despertó la solidaridad del movimiento de mujeres y de los sectores populares que se movilizaron y marcaron tendencia en las redes sociales. Esto prendió las luces de alarma a organismos públicos nacionales, como el Concejo Nacional de las Mujeres que presentó un amicus curiae a la Justicia tucumana. También organizaciones de defensa de derechos humanos como Amnistia Internacional pusieron en acción una campaña por la libertad de Belén.
La semana pasada fue la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, dio a conocer un pedido de sumario administrativo a médicos, parteras y enfermeras que atendieron a Belén en la madrugada del 21 de marzo de 2014. Cientos de galenos consideraron de extrema preocupación y peligro para las pacientes del Hospital de Clínicas Avellaneda que los profesionales que intervinieron en el caso de Belén sigan siendo funcionarios públicos.
Después de la lectura del expediente, este colectivo de profesionales de la sanidad destacaron en un documento que “la relación médico – paciente debe ser respetuosa de los derechos humanos de las personas, y explican que hay una confianza sin límites del enfermo al médico, y por eso la tarea de los profesionales de la medicina le exige altas cualidades morales” y remarcan que de las declaraciones de la joven tucumana puede desprenderse que “los médicos violentaron a Belén, al no informarle sobre lo que estaba pasando con su salud y al no pedirle su consentimiento durante su tratamiento médico”.
De esta manera los firmantes de este pedido investigación definen que las prácticas a las que fue sometida Belén buscaban criminalizarla, buscaban que cometiera una autoincriminación y consideran a estos hechos como tortura Estos efectores de salud consideraron que como consecuencia de este tipo de violencia institucional leva a las mujeres a elegir entre la vida y la cárcel. Por lo cual, plantean que el Estado debe indagar “para determinar responsabilidades, por la violación del secreto profesional, la violencia institucional psicológica ejercida sobre Belén y por incumplimientos de las obligaciones de la ley 26529 de DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACIÓN CON LOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD”.
A modo de sanción piden que, si fueran encontrados responsables de estas violaciones, obliguen a los profesionales a pedir disculpas públicas, que sean inhabilitados en sus funciones públicas y se les suspenda las matrículas y que se investigue hechos de violencia contra mujeres en el Hospital.
Imagen : apaprensa
