La Otra Voz Digital Directora Marta César
En la semana del primer debate presidencial, Amnistía Internacional publica una carta abierta para pedir a los candidatos que se comprometan a hacer pública la política de derechos humanos que implementarán en caso de llegar a la Presidencia.
Hace más de 60 años Amnistía Internacional asumió el compromiso de luchar para que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos. Aquí en Argentina, en la región y en el mundo. Para lograrlo, es preciso los seres humanos estén en el centro de las políticas, planes y programas de gobierno. Quien asuma la Presidencia en los próximos cuatro años tiene la obligación de consolidar al país como un ejemplo de respeto, protección y promoción de los derechos de todas las personas, sin importar su ideología, origen, género, identidad, nacionalidad, entre otras cuestiones.
“Actualmente enfrentamos problemas complejos que solo pueden abordarse si abandonamos la idea de que los derechos humanos se refieren a algunas formas de injusticia que enfrentan algunas personas, pero no otras. Los derechos humanos son derechos que tenemos todos y todas por el solo hecho de ser personas. Para garantizarlos, debe haber una decisión política, un compromiso de hacer de ésta un área relevante y no marginal”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Ejes de la carta abierta
En la carta, Amnistía Internacional hace un breve recorrido sobre la situación de los derechos humanos en Argentina: los desafíos para el ejercicio de derechos básicos como la salud, educación, vivienda, trabajo; la reivindicación de los derechos de las mujeres como la participación política, la paridad salarial, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y al aborto, una vida libre de violencia; la situación de colectivos como los pueblos originarios, migrantes, refugiados; el cambio climático como amenaza para los derechos humanos de nuestro tiempo; la libertad de expresión, el rol de las redes sociales y los discursos de odio en la persecución a defensoras y defensores de derechos humanos; la política de seguridad y el estado de derecho, entre otros.
