La Otra Voz Digital Directora Marta César
Abogado cuestiona la falta de perspectiva de género de la Justicia. «Tenemos miles de madres que peregrinan años y años por los juzgados, luchando y reclamando por los derechos de sus hijos», remarca.
Se llama Adriana Magallanes y días pasados decidió encadenarse en un tribunal de familia de Neuquén en protesta porque hace siete años que no recibe la cuota alimentaria para su hijo, con el agravante de un polémico fallo de la justicia que permite al padre deudor abonar dentro de dos años. La secuencia con progenitores que se olvidan de sus obligaciones paternas se repite en todo el país. Una muestra de la problemática surge de las denuncias ingresadas en juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, con un crecimiento anual de 20%.
«Decidí encadenarme por mi hijo. Inicié un juicio hace siete años por la cuota alimentaria. Después de mucho esfuerzo, cuando estaba todo arreglado, la justicia decidió que se haga en cuotas. Y me dijeron que tengo que esperar dos años más. Hago esto porque soy una mamá luchadora, crié a mi hijo sola. No quiero que le pase a otras mamás», dijo Adriana, en declaraciones periodísticas.
El abogado Julio Torrada, especialista en tema de género, explicó que «con las deudas por alimentos ocurre lo mismo que con las denuncias por violencia, porque lamentablemente tenemos en todo el país una justicia sin perspectiva de género, que además es lerda y haragana».
La lucha de las madres
«Tenemos miles de madres que peregrinan años y años por los juzgados, luchando y reclamando por los derechos de sus hijos. Mientras tanto, deben encargarse de cuidarlos y salir a trabajar para mantenerlos. Después de mucho tiempo, con suerte, reciben una respuesta judicial, pero con sentencias que siempre favorecen a los padres deudores. Hay infinidad de casos con padres que una vez que son condenados a pagar, se declaran insolventes. Así que la pesadilla es interminable», dijo Torrada.
Acerca del tema, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires viene elaborando un seguimiento de las causas abiertas por el delito tipificado como «incumplimiento de los deberes de asistencia familiar» (Ley 23.944), donde surge que se registró un aumento de 20% de manera interanual: los expedientes abiertos en 2012 fueron 350, mientras que al año siguiente resultaron 420.
«La Unidad Fiscal Sur recibió el nivel más elevado de ingresos por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (33,1%), seguida, en orden de importancia, por la Norte (24,5%), y la Oeste (18,8%)«, sostiene el trabajo estadístico.
Asimismo, el informe revela que el problema de padres deudores también se padece en barrios porteños de clase media y alta. Por ejemplo, en el término de los últimos doce meses analizados, 9 hechos se denunciaron en el barrio de Recoleta, 31 en Palermo, 21 en Belgrano y 17 en Caballito, entre otros.
«La justicia con perspectiva machista respalda a los padres deudores. Tengo casos con magistrados que pasados muchos años, se sientan con el demandado, le preguntan cómo puede pagar y se olvidan de los intereses superiores de los menores. Tienen herramientas para ejecutar deudas de inmediato, en favor de las necesidades básicas de los chicos, pero no lo hacen. Y la infancia de esos menores transcurre en medio de enormes carencias», dijo Torrada.
El informe del Ministerio Público porteño confirma, en tanto, que la gran mayoría de los deudores denunciados son varones.
Así, de 413 expedientes con imputados en el último año, 393 fueron hombres (95,2%), 14 mujeres (3,4%) y 6 imputados fueron considerados NN (1,5%) «debido a que no ha podido relevar ningún dato que permita determinar su identidad o sexo».
«Los varones deudores se apoyan en una justicia machista que los ampara. Simplemente les alcanza con dilatar medidas, porque nadie en la justicia se encarga de respetar los derechos de los niños», cerró Torrada.
Un caso paradigmático es entre Wanda Nara y el futbolista Maxi López. Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, reveló que hace seis meses que el millonario deportista no paga la cuota alimentaria.
«Van a hacer seis meses que Maxi López no paga la cuota alimentaria. Tuve que contratar abogados en Génova, por medio de los jueces italianos, porque el juez de acá, todavía no procedió a hacer el embargo de su sueldo», destacó.
«A los hijos los cría ella, paga todo ella, en realidad Mauro (Icardi, su actual pareja) se hace cargo de la manutención y gracias a eso los chicos tienen ropa, comen, van a la escuela y tienen el nivel de vida pactado», dijo Rosenfeld.
Un papá millonario fue denunciado penalmente por realizar fraudes económicos para eludir el pago de la cuota alimentaria de su hija. Para ejecutar el plan de evasión de su responsabilidad paterna, el hombre contrató a seis abogados y un contador, con quienes llevó adelante maniobras fraudulentas, con el objetivo de pagarle sólo un cuarto de sus obligaciones.
Se trata de una denuncia presentada días pasados por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella; y la titular del Programa de Políticas de Género, Romina Pzellinsky.
«Las maniobras se realizaron junto a un conjunto de cómplices, entre ellos un escribano y seis abogados, que le permitieron sortear en el marco de un concurso preventivo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias respecto de su hija y el convenio de la disolución del matrimonio con su ex esposa por una suma superior a los 2,7 millones de pesos más los intereses y las costas del proceso. El accionar delictivo le permitió pagar menos de un cuarto de la deuda real«, indicaron los denunciantes.
El escrito, presentado días pasados en el fuero criminal de la Capital Federal, tiene un enfoque particular sobre violencia y discriminación contra la mujer y violación de los derechos de niños y niñas. «Las mujeres resultan por lo general, y no azarosamente, perjudicadas en términos económicos por los efectos patrimoniales del divorcio y el cuidado de los hijos e hijas. Cuando a ello se le agregan maniobras dolosas tendientes a evitar la liquidación de los bienes que integraron la sociedad conyugal y el pago de la cuota alimentaria de la hija, el accionar no puede entenderse sino como un acto de discriminación contra la mujer», señalaron Gonella y Pzellinsky.
En ese sentido, advirtieron que la duración del proceso judicial en trámite ante el fuero comercial en que se dirime el concurso preventivo «resulta alarmante», pues lleva más de diez años.
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