La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) se solidariza con la trabajadora de prensa Teresita Frías, quien ha sufrido actos de violencia y ha recibido amenazas de muerte de parte en la ciudad de San José de Metán, donde reside y lleva adelante su labor. Esta organización exige al Estado provincial que garantice la seguridad de la periodista y tome las medidas necesarias para que pueda seguir ejerciendo su actividad con total libertad, como corresponde a un estado de derecho.
Los actos de violencia contra Teresita Frías comenzaron primero a través de las redes sociales, en marzo de 2020, luego de que publicara en la página web de Canal 7 de la ciudad de Salta una nota sobre una supuesta violación a la cuarentena sanitaria por parte del senador provincial Héctor Daniel D’Auría, del bloque Salta Tiene Futuro. En la nota se denunciaba también la inacción de la Policía frente a las denuncias de vecinxs informando de esta situación.
Según consignó luego Canal 7, el mismo senador se contactó con otro periodista de ese medio reconociendo que había sido parte de una reunión social violatoria de las medidas sanitarias dictadas en ese momento, pero le pidió que “le advierta a nuestra compañera no hacer pública esta situación”.
Luego, a raíz de publicaciones de la misma periodista sobre supuestas irregularidades de otras personas vinculadas al legislador o al intendente José María Issa, recibió nuevas agresiones a través de las redes sociales. En una de esas publicaciones refirió acusaciones públicas que señalaban a una puntera política identificada como Graciela Rodríguez como quien había enviado a destruir un horno solidario, “porque la gente le pidió que no se saque fotos y las suba a las redes”, según consignaba la publicación.
Entre diciembre del año pasado y enero de este año la periodista hizo tres denuncias por distintos hechos de agresiones, insultos, amenazas de muerte, y hasta ladrillazos contra las ventanas de su departamento, de parte de una pareja de vecinxs. También en este caso lo vincula con su actividad, dado que, según indicó, la agresora estaría vinculada a Fernández, quien a su vez tendría vínculos con D’Auría.
La primera denuncia es del 16 de diciembre de 2020, por hostigamiento, acoso y difamaciones, y amenazas proferidas en un programa de radio conducido por el periodista Adrián Quiroga en San José de Metán, que entrevistaba a Rosana Fernández, quien días después amenazó a la periodista con que “iba a aparecer con un tiro en la frente o en la nuca”.
Además, el entrevistador inquirió públicamente sobre datos personales de Frías, hablando incluso de sus hijxs, que son menores de edad. Estas prácticas son violatorias de las leyes y tratados internacionales con fuerza de ley en el país, que previenen y penan la violencia contra las mujeres, como la Ley Nacional 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, así como la Ley Provincial 7888, de Protección contra la violencia de género, y también Tratados Internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La segunda denuncia se presentó el 2 de enero de este año, en contra de Fernández, por amenazas y por desobediencia judicial, dado que se había dictado una medida de restricción de acercamiento, que incumplió.
La tercera denuncia es del 16 de enero, esta vez porque el esposo de Fernández, Leonel Infrán, la insultó, atacó a ladrillazos su vivienda, con el agravante de que uno de los elementos arrojados pegó en la ventana de la habitación de lxs hijos de Frías. El hombre la amenazó con que “me iba a reventar la cabeza”. Las agresiones siguieron en días subsiguientes ensuciando con materia fecal la puerta de la vivienda de la periodista.
La periodista indicó que hasta ahora las medidas dispuestas por las autoridades competentes no han sido suficientes para brindarle protección y seguridad a ella y sus hijxs. El viernes último, 29 de enero, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, la recibió en audiencia y luego se informó que se conformará una Unidad Fiscal para investigar sus denuncias. Tras estas diligencias Teresita Frías cuenta con una custodia policial en su casa.
APeS recuerda que las democracias se fortalecen con el ejercicio de un periodismo libre de todo intento de sujeción, y es deber de los poderes constituidos en un estado de derecho, velar por la seguridad de todas las personas, incluidas aquellas que en el cumplimiento de su labor de informar deban contar hechos que no resultan simpáticos para algunos. Por eso, en consonancia con otras organizaciones que se han pronunciado sobre esta situación, responsabilizamos a los tres poderes del Estado provincial por la integridad física y emocional de Teresita Frías, de sus hijos y sus familiares, y exigimos que se le den garantías para continuar ejerciendo el periodismo sin presiones de ningún tipo.
