La Otra Voz Digital Directora Marta César
Varias mujeres víctimas de campos de reeducación chinos fueron agredidas por la Policía china cuando pedían una compensación por su encierro en estas cárceles, donde fueron internadas sin ser juzgadas y por motivos como denunciar un desahucio ilegal, según denunciaron hoy a Efe.
El suceso ocurrió cuando un grupo de once mujeres, que permanecieron encerradas hasta tres años en el campo de reeducación de Masanjia en la provincia de Liaoning, norte de China, se presentaron ante el Ministerio de Seguridad de esta región hace una semana para presentar una queja.
«Sólo dejaron pasar a tres de nosotras como representantes. Las que entraron rellenaron un formulario y cuando quisieron hacer una foto para mostrarla a las demás, les agredieron», explicó a Efe Wang Yuping, de 56 años, quien se quedó en la puerta de la institución.
Hao Wei, que entró en ministerio junto a Liu Hua y Jia Fengqin, aseguró haber recibido «puñetazos y empujones» de los oficiales «por una foto».
«Nos dijeron que no se podía hacer y comenzaron a pegarnos. Nos quitaron nuestros móviles para borrar las fotos y también nuestros carnés de identidad», relató Hao, quien, en conversación telefónica con Efe, recordó que la Policía grabó todo lo ocurrido.
Hao, junto a las otras diez víctimas de campos de reeducación, acudieron al ministerio «para denunciar» el mal comportamiento de la policía en Liaoning al encerrarlas en el campo «sin ningún trámite legal», después de que el Gobierno chino haya anunciado que este año abolirá todos los centros existentes en el país.
A pesar del anuncio del cierre de estas polémicas cárceles, las autoridades impiden que las víctimas de estas prisiones busquen justicia por sus encarcelamientos o algún tipo de compensación por los abusos que sufrieron durante su encierro, denuncian organizaciones como Chinese Human Rights Defenders (CHRD).
La policía encerraba en estos campos desde a peticionarios -como las mujeres de Masanjia, cuyos delitos van desde manifestarse por una negligencia médica hasta reclamar un desahucio ilegal-, a drogadictos, a prostitutas o activistas y disidentes políticos como miembros de Falun Gong.
Tras la histórica decisión del Gobierno, ahora está por ver qué harán las autoridades con la gente que internaban en estas cárceles extrajudiciales, ante lo que aún no han dado una respuesta, suscitando las dudas de defensores de derechos humanos sobre la posibilidad de nuevos atropellos
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