La jueza en lo Correccional, de Garantías y de Menores 2 de Tartagal, Sandra Sánchez, rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa de J.F. V., un padre acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de sus hijos de 10 y 12 años.
La magistrada desestimó la procedencia de la probation ya que no repararía en nada el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte del imputado.
El hombre había ofrecido realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias en la Escuela de Frontera 4460.
El Tribunal consideró que en su propuesta de reparación “no hay justicia, no hay resocialización, no hay ninguna satisfacción para sus hijos víctimas y no se evita la reiteración en el delito”.
La jueza enfatizó que el daño continúa produciéndose y cuestionó: “¿Por un lado trabaja gratis y por el otro continúa cometiendo delito?”. Aclaró que si bien la doctrina contempla el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, “la ley procura dar al damnificado alguna respuesta, cuando más no sea, desde la faz patrimonial. Por ende, no se cumple el requisito si la propuesta beneficia por ejemplo, a alguna entidad de bien público”.
Entendiendo que la tarea comunitaria propuesta por el acusado no satisface las exigencias judiciales, el Tribunal rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba y ordenó que continúe la causa hasta llegar al juicio oral y público.
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