Para sanar las heridas provocadas por la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet, Chile debe aprender de su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana. Así lo afirmó hoy Amnistía Internacional en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio pie a innumerables crímenes de derecho internacional y a crueles violaciones de derechos humanos en el país.

Durante el régimen de Pinochet se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró Estado de sitio en todo el país. Torturar y hacer desaparecer a personas, entre otras prácticas, se convirtieron en política de Estado. Según cifras oficiales, la dictadura dejó 40.175 víctimas, entre ellas personas torturadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas, y según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no hubo justicia, verdad ni reparación. Asimismo, y si bien se desconoce la cifra exacta, la cantidad de personas exiliadas ascendería como mínimo a doscientas mil
Entre 1973 y 1990, 3.216 personas fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. A la fecha se estima que hay 1.469 cuerpos de personas detenidas y ejecutadas que no se han encontrado. Es imprescindible que el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente chileno Gabriel Boric permita esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino de estas personas. Este programa debe llevarse a cabo en plena coordinación con las familias, contar con recursos adecuados para que su implementación sea efectiva y confluir en investigaciones penales sobre todas las personas sospechosas de responsabilidad individual.
Es necesario que el Congreso se ponga a disposición de avanzar hacia la justicia y apoye los proyectos propuestos por el gobierno. La tramitación de la eliminación del carácter secreto de leyes dictadas durante el régimen de Pinochet y del levantamiento del secreto de los testimonios de víctimas de tortura en la Comisión Valech, son aspectos que al entender de Amnistía Internacional encaminan a Chile hacia un país que atiende sus deudas en materia de derechos humanos.
La memoria histórica es un pilar fundamental para evitar que hechos tan devastadores se repitan. A 50 años del golpe, Chile aún no cuenta con una ley que proteja los sitios de memoria ni un archivo nacional de la memoria. Es fundamental que las autoridades materialicen la iniciativa de contar con un archivo y que presenten lineamientos claros sobre su funcionamiento y consideren la participación de la sociedad civil. También es urgente que atiendan a las necesidades de la red de sitios de memoria y establezcan una protección y preservación de los lugares en los que se cometieron violaciones de derechos humanos. En ese marco, es valorable el anuncio gubernamental reciente de una Política Nacional de Memoria y Patrimonio, y es imprescindible que el Congreso respalde esta iniciativa.
Hoy mientras las víctimas, sus familias y las agrupaciones de derechos humanos perseveran tras décadas buscando justicia, algunas figuras públicas y autoridades del Estado de manera irresponsable divulgan discursos de odio. Estas acciones son realmente peligrosas porque minimizan el sufrimiento de las víctimas, niegan el derecho a la verdad, desinforman, debilitan las instituciones, y favorecen la impunidad y que la historia se repita.