La Otra Voz Digital Directora Marta César
La tragedia por el fentanilo adulterado sigue sumando víctimas y tensiones políticas. Ya se confirmaron 96 muertes en distintas provincias y los investigadores no descartan que la cifra aumente en los próximos días. Persisten dudas por muertes “en negro” y por la procedencia de nueve casos en Bahía Blanca, cuya trazabilidad está bajo análisis judicial y podrían modificar el conteo final.
Según la información oficial, el opioide contaminado estaba adulterado con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. La investigación determinó que, hasta el martes, se habían incautado más de 100 mil ampollas distribuidas en todo el país. Las autoridades aseguran que ninguna de estas partidas fue aplicada a pacientes tras el operativo, por lo que ningún hospital cuenta ya con el fentanilo contaminado.
Pero mientras la Justicia avanza, en la Casa Rosada crecen las internas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, responsabilizó directamente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y, en consecuencia, al ministro de Salud, Mario Lugones, por la falta de reacción temprana. Recordó que las intoxicaciones se detectaron en febrero —especialmente en el Hospital Clemente Álvarez, de Rosario— pero la alerta oficial recién se lanzó el 8 de mayo, lo que permitió que en esos tres meses decenas de personas resultaran infectadas. “La Anmat falló”, sentenció, acusando al organismo de “proteger sin proteger”.
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió que se identifique “qué funcionarios son responsables” de la tragedia y advirtió que “la cadena de custodia ha fracasado totalmente”. Comparó el caso con el histórico tráfico de efedrina, marcando la falta de controles que habría facilitado la distribución del fentanilo adulterado.
