Honduras: La resistencia continúa en medio de las negociaciones

Tegucigalpa, octubre.- Por más de 100 días se ha mantenido la resistencia frente al golpe de Estado político-militar perpetrado en Honduras el 28 de junio de 2009. Y ahora, mientras se desarrolla un diálogo entre el régimen de facto de Roberto Micheletti y el presidente Manuel Zelaya, el movimiento antigolpista, a nivel nacional, sigue en las calles, organizándose y conformando nuevos espacios de debate y estrategia.

Mientras la misión enviada por la Organización de Estados Americanos se reunía en una Mesa de Diálogo con representantes del gobierno de facto y del presidente Manuel Zelaya Rosales, unos jóvenes, un hombre y una mujer, acompañados por el ritmo punta-garífuna de la banda de la resistencia, bailaban para romper el cerco militar que impedía el paso de la manifestación pacífica que exige la restauración del orden constitucional y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Funcionarios de Brasil, Argentina, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el Secretario de Estado Para Iberoamérica, de España, y el Subsecretario de Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas integran la misión de la OEA que ha dejado instalada la Mesa de Diálogo.

Esta incluye, entre sus puntos, la firma del Acuerdo de San José, la constitución de comisiones para discutir y proponer los ajustes y actualizaciones a cada uno de los puntos del Acuerdo de San José y establecer el calendario de su aplicación, así como la propuesta y diseño de aproximación metodológica de un nuevo Pacto Político y Social para Honduras.

Esto días, sin embargo, han estado teñidos por la represión policial y militar, cuyas fuerzas dispararon a la gente, tiraron gases de humo y enviaron tanquetas a reprimir la resistencia desarmada. Sobre este punto, la OEA no se pronunció en ningún momento, más bien calificó de exitosa la visita a Honduras, que dejó instalada la mesa de diálogo, según la cadena CNN.

El día de la partida de los funcionarios de la OEA, en horas de la noche, una grúa fue instalada frente a la Embajada del Brasil con dos francotiradores, con miras infrarrojas que llegaron a la altura del segundo piso de esta sede, según información de FIAN-Honduras, organización nacional de voluntarios por los derechos humanos.

En tanto, reportes de la emisora local Radio Globo dieron cuenta de amenazas a miembros de la prensa internacional que se encontraban dentro, por lo que varios de ellos abandonarán el lugar en las próximas horas de escrito este despacho.

Estas amenazas se dieron cuando, oficialmente, el presidente de facto Roberto Michelleti afirmó públicamente que había derogado el decreto que suspende las garantías constitucionales, entre las cuales se incluye el derecho a la libre asociación, expresión y circulación, así como la captura de cualquier persona considerada “sospechosa de sedición”.

Pero esa decisión no ha sido publicada aún en La Gaceta, el periódico oficial de la República.

El mismo día del anuncio (9 de octubre), un policía, en las afueras del Hotel Clarion, atacó a un líder de la resistencia y le aseguró que “las tomas y marchas están prohibidas, pues la derogación no ha sido publicada en La Gaceta. Por lo tanto, el decreto de suspensión de garantías está vigente, y tienen 10 minutos para desalojar este lugar”, le dijo. Minutos más tarde, también la manifestación era reprimida con golpes, balas, bombas de gas y tanquetas militares.

En barrios de Tegucigalpa, los jóvenes y mujeres son sacados a la fuerza de sus casas por “alterar el orden público y violentar el decreto de estado de sitio,” cuando a una hora determinada de la noche se hace una “bullaranga” colectiva sonando platos, ollas, sartenes y cohetes para expresar la voz resistente frente al silencio impuesto por los golpistas, informaron el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de prevención y rehabilitación de la tortura (CPRT) y Feministas en resistencia.

En estas últimas semanas se confirmó la muerte de dos mujeres de la resistencia por complicaciones respiratorias producidas por el efecto de los gases utilizados por las fuerzas militares. El 26 de septiembre falleció Wendy Elizabeth Ávila, quien fue velada en la sede del Sindicato de Trabajadores de Bebidas y Similares (STIBYS) y el 5 de octubre corrió igual suerte Olga Osiris Uclés, de 25 años, madre de cuatro hijos y miembro activo de la resistencia.

Otras de las atrocidades cometidas por el gobierno de facto han sido el auto de prisión emitido para 54 campesinos y campesinas que fueron desalojados por la fuerza del Instituto Nacional Agrario, y el juicio desarrollado a la maestra Agustina Flores Cáceres, que se encuentra presa en el Centro de Mujeres de Támara.

Flores fue detenida frente a la Embajada del Brasil, mientras emitía un reportaje para Radio Liberada. Ella fue acusada de sedición y juzgada con cinco a 10 años de cárcel. Agustina, de 50 años, padece del Síndrome de Sjögren (enfermedad reumática inflamatoria crónica) por lo que necesita permanentemente sus medicamentos a los cuales no tiene acceso desde su detención, informó su hermana Bertha Cáceres.

Nunca como ahora la justicia fue tan efectiva en su aplicación, contrastando con los miles de casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y femicidios que se encuentran en proceso de investigación y que han pasado a formar parte de la “mora judicial”, señalan los dirigentes de la resistencia.

Esta semana se reportó también el asilo político en la Embajada de Guatemala de 12 personas pertenecientes a la Coordinadora de Pueblos Indígenas (COPINH), tras denunciar que son perseguidos por el régimen de facto. La mitad de los refugiados son mujeres y también hay menores de edad.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) informó que el 7 de octubre fue allanado por la policía el hospital de Ciriboya, comunidad garífuna ubicada en el norte del país, el pretexto fue que era una redada en busca de “narcóticos”.

Días antes el Ministerio de Salud descalificó al hospital dándole el apelativo de centro de salud. El Hospital de Ciriboya es la sede del proyecto Luagu Hatuadi Waduhenu, primer hospital popular garífuna, el cual es un modelo de atención médica en Honduras, atendidos por médicos egresados de la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina), con sede en Cuba.

Los garífuna son un grupo étnico afro descendiente que reside en varias regiones de Centroamérica, Caribe y Estados Unidos. También se les conoce como garifune o caribes negros. Gran parte de los 600,000 garífuna que se cree existen actualmente, están asentados en el Golfo de Honduras.

La represión es continua y sistemática, las marchas pacíficas son reprimidas a diario con escuadrones de policía enfrente y detrás. Aun así, la gente sigue llegando a la capital desde todas partes del país. Mucha de esa gente son mujeres que vienen caminando, a veces, desde sus comunidades de origen.

Hasta ahora se cuentan por cientos las personas detenidas y heridas por las fuerzas represivas, y tanto las organizaciones de derechos humanos, como las organizaciones de mujeres y feministas ?que no se dan abasto para la atención de los casos?, siguen exigiendo la presencia e intervención de organismos internacionales de derechos humanos para documentar y viabilizar el acceso a la justicia y a la salud de las mujeres y las personas afectadas.