La Otra Voz Digital Directora Marta César
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, la Comisión Provincial por la Memoria monitoreó el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. Esta labor se realizó en nuestro carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, en el marco del trabajo articulado con el Comité nacional para la prevención de la tortura y el Mecanismo local de CABA.
Hasta el 30 de noviembre de este año, se monitorearon 60 marchas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia. Este informe presenta un detallado análisis de las consecuencias que devienen de la política represiva planificada por el gobierno nacional y que afecta gravemente los derechos constitucionales de expresión, manifestación y petición a las autoridades.
En todas las manifestaciones hubo despliegue policial desproporcionado en número y recursos tanto en el lugar de convocatoria como en las zonas aledañas, cuyo objetivo se centró en el control del espacio público por parte de las fuerzas represivas.
La violencia estatal se desplegó como una acción dirigida a provocar temor en los manifestantes a fin de disuadir la protesta social. También cuando las manifestaciones eran de pocas personas.
Cabe destacar que en 17 de las movilizaciones monitoreadas se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad; es decir, una de cada tres manifestaciones fue reprimida.
Y esta represión fue selectiva; la mayoría de los hechos se relevaron cuando se movilizaron las organizaciones sociales o piqueteras y los partidos de izquierda.
En el desarrollo de estas movilizaciones, las fuerzas de seguridad también detuvieron arbitrariamente a manifestantes. En la mayoría de las detenciones se imputaron delitos como atentado y resistencia a la autoridad o daños; figuras delictivas que, por la escala penal que contempla, implica la rápida liberación de las personas detenidas.
Sin embargo, durante la jornada de la movilización en repudio al tratamiento de la Ley Bases, el día 12 de junio, se produjo la detención de 33 (treinta y tres) personas con intervención de la justicia federal. Estas detenciones representaron una nueva modalidad político-judicial agravada de penalización de la protesta social por incorporar la acusación de “terroristas”, “sediciosos” o “golpistas” a las personas aprehendidas.
Lo relevado a lo largo de este año en nuestra tarea de monitoreo permite advertir que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores, en particular los movimientos sociales, políticos y sindicales.
La política de represión y criminalización de la protesta social afecta derechos constitucionales y tiene una implicancia negativa y regresiva sobre principios democráticos esenciales, construidos mayoritariamente por el pueblo argentino en las últimas cuatro décadas.
