La Otra Voz Digital Directora Marta César
Entre los heridos hay casos graves como el de Pablo Grillo y manifestantes que perdieron la visión en uno de sus ojos como consecuencia del impacto de proyectiles arrojados por la policía.
Hace poco más de una semana, el 30 de diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick declaraba la nulidad del protocolo antipiquetes por considerar que vulneraba derechos constitucionales como la libertad de expresión, reunión y petición. Sin embargo, el Gobierno nacional apeló el fallo y la normativa sigue vigente. Durante sus dos años de aplicación, la represión a la protesta social fue moneda corriente y se repitió semana a semana.
Según un informe publicado por el Monitor de Respuestas represivas de la CTA Autónoma, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación fue el principal responsable de reprimir 52 protestas, las fuerzas federales hirieron al menos a 2382 personas y detuvieron a 229 manifestantes.
La cifra asciende a 103 represiones estatales, si se analizan los episodios en todo el país y se cuenta el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales. En ese caso, el saldo de heridos aumenta a 2.615 y las detenciones llegan a 363.
Entre los heridos, hay casos de extrema gravedad como el de Pablo Grillo, en marzo de 2025, y al menos 5 casos graves de manifestantes que perdieron la vista de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad.
“Estas cifras exponen un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta”, consideraron desde la CTA Autónoma.
La central sindical afirmó que existe un patrón y una clara tendencia a la alza en los números represivos. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se registraron un total de 50 represiones con 1.163 personas heridas en todo el país, mientras que en los primeros diez meses de 2025 se registraron 53 represiones con un total de 1.452 personas heridas.
Y agregaron: “Paralelamente a la violencia física, se ha intensificado la criminalización y judicialización de la protesta social, utilizando las detenciones arbitrarias como un mecanismo de castigo y disuasión”.
Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, se registraron 491 detenciones de manifestantes y/o miembros de organizaciones del campo popular. En este caso, la tendencia también es creciente: en los primeros diez meses de 2025 hubo al menos 321 detenciones, número que representa un incremento del 88% respecto al total del año anterior (170 detenciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024).
Cabe señalar que del total de detenciones producidas en 2025, 246 (el 77%) ocurrieron en el marco de represiones directas a la protesta social.
