La Otra Voz Digital Directora Marta César
Mainumby tenía 10 años cuando, tras ser violada por su padrastro, quedó embarazada. El caso ocurrió enParaguay en 2015. Las autoridades denegaron interrumpir su embarazo. La nena de 10 años se vio obligada a dar a luz.
La vida de millones de mujeres y niñas de toda América Latina esta determinada por los estereotipos y principios morales que antponen distintos funcionarios públicos a la vida del paciente; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que analiza el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva en ocho países de la región.
Rosaura Arisleida Almonte Hernández, dominicana de 16 años, murió de leucemia en agosto de 2012 cuando los médicos pospusieron su tratamiento debido a su embarazo y no le proporcionaron la atención correspondiente. Rosaura solicitó varias veces someterse a un aborto, lo que le habría permitido recibir el tratamiento urgente que necesitaba, pero se le denegó, puesto que el procedimiento está prohibido en todas las circunstancias.
El aborto está prohibido sin excepciones en siete países de América Latina: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En la mayoría de los otros países, aunque sea legal, el acceso a un aborto para salvar la vida resulta muy difícil porque algunos profesionales de la salud se niegan a practicarlo por motivos ideológicos.
“Por desgracia, para mujeres de toda la región recibir tratamiento médico para salvar su vida depende de la buena voluntad de un profesional de la salud o de la capacidad de la paciente de acceder a un aborto clandestino”, señaló Amnistía Internacional.
“Está probado, que la despenalización del aborto no genera un número mayor de abortos, pero si reduce la mortalidad y morbilidad materna. Estadísticas y estudios mundiales muestran que donde las leyes son restrictivas, la mayoría de los abortos son inseguros y las tasas de aborto son más altas”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Esterilizaciones forzadas
En su informe, Amnistía Internacional documentó también los casos de mujeres a las que obligaron a someterse a intervenciones médicas contra su voluntad.
Entre 1996 y 2000, las autoridades peruanas se embarcaron en una política atroz de esterilización de mujeres pobres dirigida a “combatir la pobreza”. Muchas mujeres aún sufren las consecuencias de esta esterilización masiva.
Una de las afectadas por dicha política es Esperanza, que ahora tiene 59 años. Fue sometida a esterilización forzada en 1998. Desde entonces sufre dolores de espalda y secuelas psicológicas por haber sido esterilizada a la fuerza.
“Tales normas y prácticas absurdas demuestran que el Estado no sólo tolera sino que además promueve la violencia –a veces equivalente a tortura– y la discriminación contra las mujeres. Corresponde al Estado dar señales concretas que se traduzcan en políticas públicas a favor de los derechos de mujeres y niñas, para que de una vez por todas en la región y en Argentina queden atrás el estigma, el miedo y la desinformación que rodean al aborto”, concluyó Belski.
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