La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Defensoría del Pueblo provincial, a través del Observatorio de Violencia de Género, presentó a la Procuración General de la SCJBA aportes para la definición de directrices que dispongan la anulación de investigaciones penales cuando se originan por denuncias de personal de salud que no respetan la confidencialidad y el secreto profesional.
En este sentido, el Observatorio señala la necesidad de que la Procuración General de la SCJBA elabore instrucciones precisas dirigidas a los fiscales, a fin de que adecuen su actuación a los estándares nacionales e internacionales en esta materia, y a la reciente comunicación del Ministerio de Salud provincial que establece que «la atención de las mujeres que cursan un aborto siempre debe enmarcarse en el respeto hacia las personas y sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos y como un deber de todo integrante de un equipo de salud».
En el documento presentado, el OVG explica que en el orden vigente se prioriza la obligación de confidencialidad del equipo de salud frente a la denuncia, y «las posibles líneas de investigación de delitos conexos a otras situaciones que eventualmente pudieran existir alrededor de una mujer que concurre a un centro de salud, nunca pueden ser motivo de la formación de una causa donde se las impute». Este requerimiento del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría, surge y apunta a que los fiscales anulen las denuncias que llegan por esta vía.
En caso de ser aceptada esta propuesta, el OVG sugiere que el proceso de elaboración de estas directrices y/o lineamientos se realice a través de un procedimiento consultivo y participativo en el que se dé intervención a expertos y expertas en la temáticas, organismos de monitoreo, universidades públicas y el equipo técnico consultivo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Imagen :desinformemonos.org/logo OVG