La Otra Voz Digital Directora Marta César
El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, realizó una presentación formal ante la Secretaría de Derechos Humanos provincial, en la que solicitó al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley de cupo laboral trans (Ley 14.783) y la inclusión de una serie de propuestas para su implementación.
La presentación se realizó días después de una reunión que mantuvieron representantes del OVG y de la organización internacional AKAHATÀ, con el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón. En el encuentro se discutieron aspectos referidos a la implementación de la Ley de cupo trans y las situaciones de violencia policial e institucional en las que han sido víctimas las personas trans. Como resultado de esa reunión, el OVG incluyó en el documento presentado algunas recomendaciones para que sean incorporadas en la reglamentación.
En septiembre de 2015, la Legislatura provincial aprobó una ley que crea en el sector público un cupo mínimo de al menos uno por ciento de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y transgénero. Si bien la ley ha sido sancionada, el Ejecutivo bonarense aún no la reglamentó.
«Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos», explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.
Entre las recomendaciones para la reglamentación, el OVG solicitó que se defina un organismo público específico que se encargue tanto de la ejecución e implementación de la Ley 14.783 como también de garantizar capacitación laboral para trans y travestis. Este organismo debe establecer mecanismos de inclusión en ámbitos de formación educativa y articular con gremios para monitorear el cumplimiento de la Ley y evaluar las condiciones laborales.
El OVG requirió además que se definan plazos de aplicación y cumplimiento pleno del cupo trans, con el fin de que los alcances de la Ley no se atenúen con el paso del tiempo.
El otro eje al que se hace mención es el de las definiciones registrales. En este caso, el OVG solicitó que se faciliten todos los trámites referidos a la titularidad de bienes, servicios e impuestos y cualquier asiento registral donde figuren los datos identificatorios de las personas trans antes de su cambio de nombre de pila y sexo registral. Asimismo, instó a que se adecúe el nombre que figura en recibos de sueldo y carnet de obras sociales con el de la identidad autopercibida, aún para aquellas personas que no hayan cambiado su identidad en el DNI.
Por último, pidió que se adecúen algunos requisitos que se exigen en la mayoría de los contratos laborales, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad a la que se ven expuestas trans y travestis. El documento hace referencia puntualmente a los antecedentes penales y al hecho de que la mayoría de las trans y travestis ha sido aprehendida por faltas y/o contravenciones y figuras de la ley orgánica policial como la averiguación de identidad. En este aspecto, el OVG solicitó que estos antecedentes penales no sean tenidos en cuenta en los futuros contratos laborales.
Imagen : logo OVG
