La Otra Voz Digital Directora Marta César
Un juez otorgó el beneficio porque su encierro » es indigno y cruel»Fue víctima de tortura, quemada en su celda, violada en el penal y contrajo HIV.
La resolución del juez de Ejecución Penal porteño Marcelo Peluzzi, dada a conocer este martes, exhorta además al Servicio Penitenciario Federal a adoptar políticas para que el colectivo trans deje de sufrir la marginación intramuros, según informó el Ministerio Público Fiscal que opinó a favor de la decisión.
El juez fundamentó su resolución en que el encierro en un penal le implica «un trato indigno, inhumano o cruel» y además, consideró que la privación de la libertad le impide «recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia», en referencia a las derivaciones del HIV que contrajo durante múltiples violaciones sexuales a las que fue sometida durante su detención intramuros y las consecuencias físicas y psíquicas que le provocaron el ataque de una agente penitenciaria con un colchón prendido fuego en la cárcel de Ezeiza.
«Resolver lo contrario incurriría en una contradicción de la propia Ley 24.660 de Ejecución Penal», indicó el juez en su resolución y citó el artículo 143 de esa norma, que «le reconoce expresamente a las personas privadas de la libertad el derecho a la salud a la vez que indica que la respuesta punitiva tiene como límite la integridad física y la salud psicofísica».
En la misma resolución, el juez exhortó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que «diseñe e implemente a la brevedad una política integral de tratamiento penitenciario destinada a las personas transexuales alojadas en establecimientos federales de detención, atendiendo la especial vulnerabilidad de este grupo en dicho ámbito».
El juez recomendó al SPF la elaboración de «programas, acciones y medidas tendientes a asegurar que la detención evite una mayor marginación de las personas en base a su orientación sexual o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales o sexuales».
Ahora, la condenada ahora deberá cumplir con la prisión domiciliaria en la casa de una amiga, quien fue la testigo de casamiento -la pareja de la reclusa falleció durante su encierro- y ahora se convirtió en la garante ante el juez del cumplimiento de la medida.
Desde allí, trabajará en un quiosco propiedad de su amiga e intentará terminar las dos materias que adeuda en la educación media para poder comenzar a estudiar Abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Esos antecedentes fueron ponderados positivamente por Peluzzi al momento de evaluar el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
Para la resolución del caso, impulsada por un pedido de la defensora oficial Patricia García, tomó intervención la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Abel Córdoba, y los fiscales de Ejecución Penal, Guillermina García Padín y Gustavo Plat, quienes consintieron el pedido de la defensa y aportaron fundamentos para la resolución en ese sentido.
Para la Procuvin, el caso no es nuevo y su resolución es el corolario de un trabajo dirigido a hacer respetar los derechos del colectivo trans, uno de los más vulnerables intramuros.
En el régimen penitenciario federal, el único lugar previsto para alojar a este grupo de personas está ubicado en el módulo VI del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, aunque la reclusa llegó allí proveniente de diferentes penales federales y provinciales, donde sufrió todo tipo de malos tratos.
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