La Otra Voz Digital Directora Marta César
Así lo consideró en El Acople la abogada Josefina Arancibia, quien se refirió a la causa contra el juez Federico Diez, que tramita la jueza de Garantías 1, Ada Zunino. La carátula es por supuestas “lesiones agravadas por la relación preexistente y constituir violencia de género, desobediencia judicial y amenazas con arma, todo en concurso real”. Arancibia hizo distintas consideraciones sobre el Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. No descartó que se haya actuado corporativamente y que esta semana la victima vaya a declarar nuevamente.
Según lo que pudo averiguar El Acople, hubo requerimiento de juicio, presentado por fiscalía y declarado inadmisible por la jueza, que ordenó la producción de nuevas pruebas solicitadas por las partes.
La fiscalía sostiene la necesidad de no producir nuevas pruebas lo que fue notificado a la querella para que exprese si están de acuerdo o no. Es que al tratarse del nuevo sistema, es el fiscal quien debe notificar. La querella, mientras tanto, propuso que la víctima declare nuevamente y si no hay cambios se producirá esta semana en horas de la tarde.
Arancibia recordó que el hecho ocurrió en julio pasado y reveló que el juez Diez ya cuenta con un abogado defensor particular, cuando en su momento se presentó una “disquisición ética al tener una defensora oficial cuando hay victimas que no accedan a la defensa por falta de fondos para pagarla”. También dijo que las abogadas entienden los plazos de la justicia “y que no es el único caso”, pero apuntó que el pasó un tiempo “prudencial”.
“Sí, supongo que se actuó corporativamente” dijo la letrada Arancibia, y destacó que la victima solo contó con una custodia por diez días, prorrogada por otros diez.
En ese sentido, dijo que el botón antipánico no funcionó por la zona en la que vive la victima, y que no pudo documentar que el juez y expareja “ronda el domicilio” de la mujer.
“Sería un gran avance el tema de las pulseras o dispositivo dual”, afirmó Arancibia, aunque precisó que el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia aun no cuenta con presupuesto de Nación para aplicar el sistema.
“Hace más de dos meses que el caso tomo estado público y no avanza, hay diferencias entre la fiscal y la jueza que intervienen y la situación de la víctima es de total desprotección” aseguró Josefina Arancibia.
Finalmente, Arancibia dijo que las organizaciones saben que se inició el sumario, pero no saben cuál será la resolución y que preguntaron al procurador López Viñals sobre la discusión entre fiscal y la jueza.
